El Gobierno ha pasado de negar competencias para promover el veto de menores en los toros a anunciar una medida que apunta, precisamente, a restringir la presencia de niños y adolescentes en espectáculos donde se ejerce violencia contra animales. El cambio llega tras el foco internacional generado por informes remitidos a Naciones Unidas por PACMA y otras entidades especializadas en infancia.
El Ministerio de Juventud e Infancia comunicó recientemente su intención de prohibir la participación y la asistencia de menores de edad a actividades y espectáculos con violencia hacia animales. En la práctica, la iniciativa abre la puerta a aplicar el veto de menores en los toros en España, un asunto que llevaba años en disputa política y jurídica.
Un cambio tras el escrutinio internacional
Según el relato del Partido Animalista, la rectificación del Ejecutivo se produce después de que el Comité de los Derechos del Niño examinara la situación española y valorara los documentos aportados. Desde 2022, PACMA había trasladado a ese organismo un informe en el que sostenía que España incumplía la Convención sobre los Derechos del Niño al permitir la exposición de menores a la tauromaquia.
Ese informe fue admitido y tenido en cuenta en el proceso de revisión del Estado español, junto con aportaciones de otras organizaciones. A partir de ahí, el Comité reclamó explicaciones al Gobierno y pidió medidas concretas para proteger a la infancia.
“No tenemos competencias”: la postura previa del Ejecutivo
Durante el proceso ante la ONU, el Ejecutivo defendió de forma reiterada que no podía imponer el veto de menores en los toros porque la competencia recaía en las comunidades autónomas. PACMA asegura que esa posición llegó a sostenerse por escrito, y que el Gobierno derivaba la responsabilidad a los gobiernos regionales.
Sin embargo, el Partido Animalista afirma que esa tesis quedó cuestionada ante el Comité. En su argumentación, PACMA expuso que el Estado dispone de herramientas legales para actuar y que la falta de medidas respondía, en realidad, a una ausencia de voluntad política.
La recomendación pendiente desde hace siete años
En la comparecencia ante Naciones Unidas, varios miembros del Comité recordaron a la delegación española —encabezada por la ministra Sira Rego— que existía una recomendación específica pendiente desde hace siete años para proteger a la infancia de los efectos nocivos de la tauromaquia.
La petición, según PACMA, iba más allá de una limitación parcial: reclamaba la prohibición total de asistencia y participación de menores de 18 años en eventos taurinos. Ese antecedente es clave para entender por qué el nuevo planteamiento del ministerio se interpreta como un paso hacia el veto de menores en los toros.
Lecturas políticas y próximas decisiones
PACMA sostiene que el anuncio del Gobierno demuestra que sí existían competencias estatales para avanzar en el veto de menores en los toros. A la vez, subraya que el movimiento no nace de una iniciativa voluntaria, sino del escrutinio internacional provocado por informes que, según la organización, habían sido “sistemáticamente ignoradas” en el plano interno.
Ahora, el foco se traslada al desarrollo normativo: qué alcance tendrá la prohibición, cómo se articulará con la regulación autonómica y si afectará tanto a la presencia en plazas como a la participación activa de menores en escuelas o festejos vinculados a la tauromaquia.
En paralelo, el debate reabre una vieja tensión entre protección de la infancia, bienestar animal y el encaje competencial entre el Estado y las comunidades. Y, mientras se concreta el texto legal, la discusión pública ya gira en torno a una pregunta central: si el veto de menores en los toros será una medida general y efectiva o quedará limitada por excepciones y diferencias territoriales.
