Allí remarcó la importancia de alcanzar “el máximo consenso” para implementar las 461 medidas recientemente aprobadas. Redondo ha aseverado que “el esfuerzo, la generosidad y el tesón” para sacar adelante el pacto debe repetirse para su desarrollo.
Durante su comparecencia, Ana Redondo ha señalado a la aprobación del Real Decreto que regula las ayudas económicas a víctimas de violencia sexual, los avances como la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencias sexuales, o la posibilidad de establecer declaraciones o interrogatorios telemáticos para evitar un mayor sufrimiento o revictimización.
En cuanto a la violencia digital, la ministra ha asegurado que se ha aprovechado el proyecto de ley relativo a la protección a los menores de edad en los entornos digitales para dotar de una regulación “integral, ambiciosa y pionera en Europa” que solucione el problema social del acceso indiscriminado de los menores a las redes y a otros entornes digitales. Esta norma, que ya se tramita en el Congreso, supone también actuaciones contra los Deep Fakes, el control parental pre-activado en los dispositivos y habilitados también en los dispositivos de espacios públicos, o el fomento de mecanismos para detectar y evitar los sesgos de género en los entornos digitales. La ministra ha afirmado que se podrán introducir otras medidas en otros anteproyectos de ley actualmente en tramitación para luchar contra “una violencia real que deja consecuencias profundas en la salud mental, en la integridad física o en la libertad de expresión”.
También se presentará en el próximo periodo de sesiones una propuesta normativa para abordar la violencia económica, “una violencia que no deja huellas físicas, pero sí profundas cicatrices de dependencia y de vulnerabilidad”. Redondo ha propuesto medidas de carácter estructural, preventivo y reparador, como, por ejemplo, la tipificación normativa en el marco legislativo, el refuerzo de la vigilancia judicial sobre el cumplimiento de las pensiones alimenticias y compensatorias, el diseño de mecanismos ágiles para el embargo inmediato de bienes y rentas en casos de impago reiterado, la formación de jueces, fiscales y operadores jurídicos; o la articulación de medidas de autonomía económica, como el acceso a empleo, vivienda y recursos financieros para mujeres en situación de violencia.
Formación de jueces
Por último, la ministra de Igualdad ha desgranado las medidas relativas a la formación de la judicatura. “No podemos permitir que nuestros tribunales perpetúen las mismas injusticias que la sociedad lucha por erradicar”, ha apuntado la ministra. En ese sentido, ha anunciado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer la formación de la carrera judicial en perspectiva de género en todas las especialidades. También, Redondo ha informado de que se está trabajando para desarrollar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para poner en marcha un plan de formación específico.
