El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha hecho esta semana un llamamiento a la responsabilidad, el respeto institucional y la búsqueda de acuerdos para avanzar en los asuntos estratégicos del municipio. El mensaje llega tras la celebración de comisiones informativas previas al Pleno del próximo jueves, en un contexto económico que, según el Ejecutivo local, exige estabilidad debido a la deuda arrastrada.
La alcaldesa, Ana Caurel, ha lamentado lo que define como un “bloqueo permanente” por parte de buena parte de la oposición. Desde el Gobierno municipal sostienen que esta dinámica frena iniciativas prioritarias y dificulta la gestión diaria.
“No se limita la fiscalización”, sostiene el Ejecutivo
El equipo de Gobierno afirma que la oposición mantiene intacta su labor de control. Como ejemplo, señala que en la mayoría de plenos se formulan más de 150 preguntas en el turno de seguimiento y control.
En este contexto, desde UPL se atribuye la negativa reiterada a medidas clave a una estrategia de confrontación que “paraliza iniciativas fundamentales” para el progreso del municipio.
Gersul y ARAU: dos de los puntos más sensibles
Entre los casos citados, el Gobierno local destaca que, en lo que va de mandato, la mayoría de la oposición (PP, PSOE, VOX e IU) no ha dado luz verde a la Tasa de Gersul, que califican de obligado cumplimiento. Según sus cálculos, esta situación provoca que el Ayuntamiento deje de ingresar en torno a un millón de euros anuales, recursos que —afirman— podrían destinarse a inversiones y mejoras de servicios e infraestructuras.
Otro ejemplo que consideran “significativo” es el bloqueo a la apertura del edificio de ARAU, cuya ampliación de usos estaba orientada, según el Ejecutivo, a facilitar su salida a licitación.
Avances en empleo público y programas de la Junta
Pese a las dificultades, el equipo de Gobierno asegura haber impulsado medidas relevantes durante el mandato. Entre ellas, menciona:
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La convocatoria de diez plazas de empleo público tras años sin nuevas convocatorias.
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La puesta en marcha de una comisión de servicios para cubrir la plaza de arquitecto técnico, “cumpliendo estrictamente” los preceptos legales.
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La captación y gestión de subvenciones de empleo con la Junta a través de programas como EmpleaCyL o talleres de empleo, que actualmente generan en torno a 40 puestos de trabajo.
Tensión en comisiones y choque por el “trato vejatorio”
En el apartado institucional, el equipo de Gobierno considera “inadmisible” la actitud que atribuye a la portavoz del Partido Popular en comisiones y plenos, especialmente tras las acusaciones de “trato vejatorio” dirigidas al concejal de Urbanismo.
El Ejecutivo municipal sostiene que las sesiones plenarias, al ser públicas y estar grabadas, permiten comprobar quién interrumpe y quién incumple tiempos de intervención. Según su versión, esa conducta habría derivado en la expulsión de la edil popular de dos comisiones y de un Pleno, tras varias llamadas al orden.
En paralelo, el Gobierno local también alude a un episodio vivido esta semana en comisión, donde una concejala de IU fue expulsada tras reiteradas llamadas al orden por no cesar en la grabación de la sesión con su teléfono móvil. El Ejecutivo interpreta el respaldo del PP a esa actitud como un síntoma de “bloqueo absoluto”.
Voluntad de diálogo y mano tendida para el presupuesto
Pese a la escalada de tensión, el equipo de Gobierno reitera su voluntad de diálogo y pide a la oposición abandonar la confrontación sistemática “por el bien de los vecinos y vecinas”. En ese marco, asegura que mantiene la mano tendida para sacar adelante el presupuesto y retomar la tramitación de tasas consideradas clave, como la del agua o el tratamiento de residuos.
Según el Ejecutivo, hasta la fecha esas iniciativas solo han contado con el respaldo de UPL, Ciudadanos y la concejala no adscrita.
