El Congreso de los Diputados ha respaldado la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por Podemos para eliminar las penalizaciones económicas que se aplican a la jubilación anticipada 40 años cotizados o más. La iniciativa ha salido adelante tras modificar el PSOE el sentido de su voto respecto a debates anteriores, sumando sus apoyos a Sumar, Junts y el resto de los socios habituales de investidura del Ejecutivo. Por su parte, el PP ha optado por la abstención —tras haber votado en contra en la anterior ocasión— y Vox se ha posicionado en contra.
La propuesta legislativa persigue que a aquellos trabajadores que acrediten carreras de cotización de cuatro décadas no se les apliquen los coeficientes reductores que merman el importe mensual de su prestación al adelantar el retiro laboral.
En la legislación vigente, acordada tras la reforma del año 2021, los recortes por jubilación anticipada no se calculan de manera trimestral sobre la base reguladora, sino que se aplican de forma mensual y con carácter vitalicio sobre la cuantía final de la pensión. Tener 40 años cotizados encuadra al profesional en el tramo comprendido entre los 38 años y medio y los 41 años y medio de aportaciones a la Seguridad Social.
Las deducciones actuales varían en función de la naturaleza de la baja laboral y del tiempo exacto de adelanto sobre la edad legal:
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Jubilación voluntaria (hasta dos años de adelanto): Las reducciones oscilan entre el 3,11% por un mes de anticipación y el 19% en el supuesto de adelantar la retirada 24 meses. Para doce meses de adelanto, la penalización queda fijada en el 5,25%.
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Jubilación involuntaria o forzosa (hasta cuatro años de adelanto): Las minoraciones parten del 0,58% por un mes y alcanzan el 14% a los dos años, escalando hasta un límite máximo del 28% si el retiro se produce 48 meses antes de la edad ordinaria.
Estos ajustes permanecen inalterables una vez que el pensionista alcanza la edad legal de jubilación. La norma en vigor permite acceder al 100% de la pensión ordinaria con un periodo general de 38 años de cotización, lo que genera una brecha económica para quienes, habiendo superado ese umbral, se ven obligados o deciden acogerse a la jubilación anticipada. De prosperar la tramitación parlamentaria, la nueva ley suprimiría de forma definitiva estas penalizaciones.
