El clima laboral en la institución provincial leonesa atraviesa un momento crítico. El Comité de Empresa de la Diputación de León ha roto su silencio para denunciar ante la opinión pública lo que califican como una situación de «paralización y estancamiento» en las negociaciones de las condiciones de trabajo del personal laboral. Tras años de reuniones infructuosas y propuestas formales ignoradas, los representantes sindicales exigen soluciones inmediatas para un marco regulador que ha quedado obsoleto.
Un convenio anclado en 2002
El núcleo del conflicto reside en la vigencia de un convenio colectivo negociado en el año 2002. Para el Comité, es insostenible que, más de dos décadas después, no se hayan materializado avances reales pese a la «voluntad de diálogo» mostrada por la parte social.
La falta de respuesta efectiva por parte de la institución ha llevado a los trabajadores a exigir una negociación efectiva. Consideran que la responsabilidad institucional brilla por su ausencia a la hora de abordar reivindicaciones que buscan modernizar el empleo público y alinearlo con la realidad legislativa y social actual.
«Igual trabajo, igual salario»: las líneas rojas
Entre las demandas prioritarias que el Comité ha puesto sobre la mesa, destaca la corrección de la brecha salarial interna. Bajo la premisa de «igual trabajo, igual salario», se exige acabar con las desigualdades retributivas entre empleados que ostentan la misma categoría y desempeñan idénticas funciones, una anomalía que persiste en la plantilla provincial.
Además de la equidad económica, la plataforma reivindicativa incluye medidas estructurales clave para la estabilidad del empleo:
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Funcionarización: Actualizar las figuras laborales susceptibles de ello para adecuarlas al marco legal vigente.
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Estabilidad laboral: La transformación en fijos del personal fijo-discontinuo, argumentando que sus funciones son estructurales y necesarias para el funcionamiento habitual de los servicios.
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Relevo generacional: El impulso y aplicación real del contrato de relevo, vital para evitar el envejecimiento de la plantilla y garantizar la continuidad del servicio.
Impacto en los servicios a la ciudadanía
La denuncia no se limita a cuestiones corporativas. El Comité de Empresa advierte que este bloqueo repercute directamente en la calidad del servicio público. Áreas sensibles como los Centros de Atención Especializada, los servicios de Turismo o el departamento de Derechos Sociales dependen de una organización eficaz que, según los sindicatos, se ve mermada por la falta de regulación en aspectos como la turnicidad o la compensación por el uso del vehículo personal para funciones laborales.
Ultimátum a la institución
El comunicado concluye con una advertencia clara: la paciencia de la plantilla tiene un límite. Los representantes de los trabajadores han asegurado que seguirán informando a la ciudadanía y, lo más relevante, no descartan emprender nuevas acciones y movilizaciones si la Diputación de León mantiene su inacción. El objetivo es lograr «condiciones dignas» y desbloquear, de una vez por todas, unas mejoras que llevan años esperando en un cajón.
