Adrián Pumares elevó este jueves la presión sobre el Gobierno de Adrián Barbón. El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias exigió “explicaciones inmediatas” y reclamó que se asuman responsabilidades por el “caos institucional” abierto en torno a la extracción de carbón en Asturias. A su juicio, la polémica ya no es solo política. También afecta a la seguridad jurídica, al control de la actividad minera y a la imagen institucional del Principado.
El origen del choque está en las versiones enfrentadas entre ambas administraciones. Por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica aseguró que el Instituto para la Transición Justa no tuvo constancia de actividad extractiva de carbón en Asturias hasta marzo de 2025. Por otro, Barbón respondió que ese organismo sí debía conocerla porque la actividad en el Pozo Nicolasa de Hunosa no cesó hasta diciembre de 2024.
Con ese cruce de mensajes sobre la mesa, Pumares sostuvo que nadie ha aclarado todavía bajo qué cobertura legal se extrajo carbón durante años ni quién ejercía el control efectivo sobre las explotaciones. Además, advirtió de que esta incertidumbre pone en riesgo a empresas y trabajadores y lanza un mensaje negativo a cualquier proyecto industrial que necesite estabilidad para invertir en Asturias.
Además, el dirigente de FORO pidió que se hagan públicas todas las autorizaciones, informes, comunicaciones y controles vinculados a la actividad minera. Según defendió, los asturianos tienen derecho a saber qué ocurrió, qué administración debía supervisar el proceso y por qué persisten tantas dudas en un asunto especialmente sensible para las cuencas mineras.
La controversia llega en un momento de máxima sensibilidad. El 31 de marzo de 2025, una explosión en una mina de Zarréu (Degaña) causó cinco fallecidos y cuatro heridos. Ese mismo día, el Gobierno asturiano señaló que la mayoría de las víctimas vivían en León, un dato que mantiene el foco de la provincia leonesa sobre todo lo que rodea a la gestión minera en el suroccidente asturiano.
Por eso, la petición de responsabilidades de Pumares gana peso político y social. FORO Asturias sostiene que no se trata de un problema menor, sino de una cuestión que afecta al empleo, al tejido productivo y a la credibilidad de las instituciones. Ahora, la presión recae sobre el Ejecutivo de Barbón, que deberá aclarar si hubo fallos de control, falta de comunicación con el Estado o ambas cosas a la vez.
