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El gobierno autonómico sigue privatizando y deteriorando la sanidad con la connivencia del gobierno central. Así, ya solo el 60 % de las camas disponibles en la provincia son públicas. El otro 40 % de las camas, que cubren necesidades estructurales, pertenecen ya a empresas privadas[1].
El déficit histórico de infraestructuras sanitarias, el envejecimiento de la población, y el escaso gasto sanitario por habitante desde hace décadas, han provocado con la crisis del Covid el colapso del sistema…Visible en: centros sobrecargados, cierre de consultorios y el brutal incremento de las listas de espera, que está empujando cada vez a más personas a los seguros privados, auténticos ganadores de esta crisis.
Ante esta situación, en lugar de reforzar los centros públicos, el SACYL echa mano de los conciertos privados (instrumento legal para derivar el dinero de nuestros impuestos a centros privados) para la realización de pruebas diagnósticas o cirugías de baja complejidad, que se podrían realizar en los centros públicos si se les dotara adecuadamente de recursos.
En el caso del área de León, la Gerencia del Hospital ha renovado 2 años más y por 22 millones de euros, el concierto con el hospital privado San Juan de Dios. Con esos 11 millones de € anuales, se podrían contratar durante un año: 75 médicos, 125 enfermer@s y 100 auxiliares administrativos.
En el caso del área de El Bierzo, la Gerencia del Hospital dedicó en 2019 casi 5 millones de euros a conciertos privados con la Clínica Ponferrada y el Hospital de La Reina, dinero con el que se podrían contratar durante un año 40 médicos, 60 enfermer@s y 50 auxiliares administrativos.
En Atención Primaria se prepara en toda la provincia un cierre definitivo de consultorios bajo la disculpa de la falta de profesionales. Este déficit es el resultado de la nula planificación y el maltrato a que han sido sometidos históricamente los trabajadores mediante contratos basura e inestabilidad. Razones que han provocado la huida de decenas de ellos que trabajaban en la provincia. El cierre de consultorios será un ataque más a los derechos de las personas que viven en los núcleos de población más pequeños. Sin ninguna justificación económica, dado que la existencia de una atención primaria potente ha demostrado ser el sistema sanitario más coste-efectivo en relación con los resultados en términos de salud.
Casi un año desde el inicio oficial del Covid, ha quedado suficientemente claro que los políticos no están interesados en potenciar la sanidad pública. En lugar de tomar las medidas lógicas – reforzamiento de la atención primaria, contratación de rastreadores, seguimiento de los infectados y aislamiento individualizado, así como medidas sociales para los sectores más desfavorecidos-, se ha optado por lo que permite hacer negocio: dejar que la epidemia crezca, que se generen enfermos, y a continuación ofrecer exclusivamente soluciones basadas en FarMafia. Tanto a nivel de medicamentos sin eficacia demostrada (Remdesivir[2], por ejemplo), como de poner en marcha más infraestructuras hospitalarias a nivel regional (Valladolid), sustrayendo profesionales de los ya de por si infradotados hospitales públicos.
El Covid ha sido una gran oportunidad de negocio para todo tipo de empresas privadas, y la disculpa para aumentar el desmantelamiento del sistema público en connivencia con el gobierno central, que al mantener las leyes estatales que permiten la privatización, ha dado vía libre a la derecha para hacer el trabajo sucio.
Ahora, en 2021, con el reparto de los 8.000 millones de euros de la Unión Europea (REACT-EU) en teoría para blindar los servicios públicos, veremos de nuevo como los 335 millones de € que corresponden a Castilla y León acabarán de nuevo en bolsillos privados, y no servirán para reforzar los centros de gestión directa.
Frente al desmantelamiento del sistema público de salud solo cabe actuar contra sus causas, las leyes que permiten privatizar la sanidad y señalar a sus responsables, todos los partidos políticos del arco parlamentario que las mantienen vigentes:
- Derogación de la Ley 15/97 de “privatización de la sanidad” y del articulo 90 de la Ley General de Sanidad (conciertos privados). Rescate de todo lo privatizado.
- Fondos de la UE para reforzar plantillas y medios en los centros públicos. Ni un euro para la privada.
- Potenciación de la atención primaria y del sistema de salud pública.
- Actuación contra los determinantes sociales y económicos de la enfermedad.
- Por una sanidad rural digna y de calidad, con personal médico y sanitario suficiente. No al “Nuevo Modelo de Asistencia Sanitaria en el Medio Rural” y a los Consultorios Rurales de Agrupación (CRA), que pretende implantar la Junta de CyL.
[1] Portal de transparencia de la Junta de Castilla y León. 1056 camas de entidades públicas frente a 729 privadas en 2020.
[2] Remdesivir,de Gilead, antiviral utilizado en atención hospitalaria al precio de 2.083 euros por paciente, tiene unos costes de producción de 6 €.
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Con-el-precio-del-remdesivir-la-historia-se-repite
