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El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha denunciado el incumplimiento flagrante de la Ley que obliga al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a dotar a los trabajadores municipales de los equipos de protección personal que garantizan la seguridad en su puesto de trabajo. Esto es lo que ha sucedido con los trabajadores que recientemente ha contratado el tercer municipio de la provincia, gracias a una subvención del Servicio de Empleo de la Junta de Castilla y León, la mayoría destinados al Servicio de Limpieza y Jardines o Obras, que un mes después de empezar a trabajar lo hacen con su propio vestuario cuándo la ley obliga a que la empresa les dote de los Equipos de Protección Individual, conocidos como Epis, acordes a los riesgos que desempeñan. Así por ejemplo, y pese a utilizar sustancias nocivas y material peligroso, acuden a trabajar en chándal, vaqueros o zapatillas de deporte cuándo el Ayuntamiento les debería, desde el primer día, facilitar botas con refuerzos de seguridad, protección para los ojos y la cara, pantalones especiales o gorras y cascos.
La portavoz del Partido Popular, Noelia Alvarez, mostró su preocupación por esta situación y así lo transmitió tanto en la comisión informativa como en el Pleno celebrado ayer aunque la respuesta obtenida por parte del equipo de gobierno socialista fue que “ya se están adquiriendo y en breve estarán a su disposición”. Una respuesta que para nada convence a la portavoz popular que ve como, una vez más, el equipo de gobierno toma medidas tarde poniendo en riesgo la situación de estos trabajadores. “La subvención se convoca con unos plazos al igual que la contratación por lo que el Ayuntamiento debería haber sido previsor pero, una vez más, nos encontramos con la misma situación y, en este caso, es un incumplimiento claro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. “Ningún trabajador debe estar en la calle sin la indumentaria profesional que necesitan para ejercer su labor porque si sucediera cualquier accidente podrían poner en riesgo sus vidas por una irresponsabilidad de quien los contrató, el Ayuntamiento de San Andrés”, concluye Alvarez.
