Vladimir Putin sigue siendo objeto de una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por su presunta implicación en el traslado forzoso de niños y niñas de Ucrania a Rusia, un crimen de guerra. Pese a que el Kremlin ignora sistemáticamente esta acusación, la tragedia de los menores ucranianos no solo persiste, sino que se agrava. Según la denuncia de la ONG ucraniana Save Ukraine, el proceso de “rusificación” de estos menores ha alcanzado un nuevo y alarmante nivel con la creación de un catálogo digital en el que se ofrece a estos niños para su adopción por familias rusas.
El fundador de Save Ukraine, Mykola Kuleba, ha utilizado sus redes sociales para exponer esta atroz práctica, acompañando sus publicaciones con capturas de pantalla que documentan la existencia de este macabro inventario. Kuleba asegura que las autoridades prorrusas en la zona ocupada de Lugansk han lanzado un portal digital donde se exponen, como si de productos se tratara, a 294 niños y niñas ucranianos. La base de datos, que no escatima en detalles, los clasifica por edad, género, color de ojos, estado de salud e incluso por supuestos rasgos de su personalidad. Lo más grave de la denuncia es que las fotografías de los menores aparecen sin censura, dejando sus caras expuestas y haciéndolos vulnerables a redes de tráfico y abuso.
Esta práctica no es del todo nueva. Kuleba recuerda que, desde la ocupación de Crimea en 2014, ya existen niños ucranianos que aparecen en bases de datos rusas. Sin embargo, lo que hace especialmente terrible a este nuevo catálogo es la forma en que los menores son presentados. La ONG denuncia que las descripciones son tan deshumanizadoras que los asimilan a “productos de una tienda digital”, y lamentan que la forma en la que se les describe, prestando especial atención a su obediencia o sumisión, sea propia de un «catálogo de esclavos».
Una estrategia de “rusificación” forzosa y sistemática
La denuncia de Save Ukraine revela un modus operandi que va mucho más allá de un simple secuestro. Los niños y niñas que aparecen en este catálogo han sido despojados de su identidad original. La ONG afirma que han sido registrados con nuevos documentos de identidad rusos, un paso deliberado para eliminar cualquier rastro de su nacimiento en territorio ucraniano y facilitar su completa asimilación en la sociedad rusa. El objetivo final de esta base de datos es que terminen, de forma forzosa, en familias rusas que participen en esta estrategia de borrado cultural y nacional.
La deshumanización con la que son tratados es la parte más siniestra de esta denuncia. El fundador de la ONG, Mykola Kuleba, no dudó en calificar el catálogo como una «invitación para pedófilos», debido a la exposición de los rostros de los menores y la información detallada que se proporciona sobre ellos. Esta advertencia subraya el grave riesgo que corren estos niños, quienes ya han sido arrancados de sus hogares y familias, y ahora enfrentan una nueva y terrible amenaza.
Esta práctica, que la Corte Penal Internacional ha tipificado como un crimen de guerra, forma parte de una política sistemática del gobierno ruso para la que, hasta el momento, la respuesta ha sido insuficiente. Las autoridades ucranianas han confirmado el secuestro de cerca de 20.000 niños y niñas, que han sido llevados a la fuerza a Rusia o a Bielorrusia, o que permanecen retenidos en territorios ocupados. El contraste entre la cantidad de menores secuestrados y los que han logrado ser devueltos es desolador: hasta la fecha, solo un total de 1.509 niños y niñas han podido regresar a su país. A esta trágica cifra se suma la de aquellos que han perdido la vida; el recuento oficial ucraniano eleva a 646 la cifra de menores fallecidos.
Una tragedia humanitaria que exige una respuesta global
La labor de organizaciones como Save Ukraine es vital en un contexto de guerra donde los niños son las víctimas más vulnerables. La creación de este catálogo, lejos de ser un incidente aislado, es una prueba más de una estrategia deliberada de asimilación cultural forzosa. Al despojar a los niños de su identidad, su idioma y su historia, se busca la destrucción del vínculo que los une a Ucrania, su país de origen.
La denuncia de Kuleba no es solo un grito de auxilio, sino una llamada a la acción para la comunidad internacional. Si bien la orden de arresto contra Vladimir Putin es un paso crucial en la búsqueda de justicia, es evidente que el problema sigue existiendo y evolucionando con nuevas y peores formas. Los niños de Ucrania, presentados como «productos» en un catálogo digital, exigen una respuesta firme y coordinada que vaya más allá de las sanciones y las órdenes judiciales. La seguridad de estos menores, expuestos a riesgos inimaginables, debe convertirse en una prioridad global y en un recordatorio constante de las atrocidades que se cometen en la guerra.
Este crimen, que atenta contra los derechos humanos más fundamentales, requiere de un esfuerzo conjunto de gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil para garantizar la devolución de cada uno de estos niños a sus familias y a su país, y para que los responsables de estas acciones rindan cuentas ante la justicia. El futuro de una generación entera de ucranianos está en juego, y el mundo no puede permitirse el lujo de mirar hacia otro lado.
