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Representantes de las cuatro universidades públicas de la comunidad mantuvieron en la tarde de ayer una reunión en León, en lo que constituyó una primera toma de contacto de cara a la preparación del próximo Convenio Colectivo de Personal Docente e investigador PDI laboral, ya que el ahora vigente ha sido denunciado por los sindicatos CCOO y STECyL.
La cita congregó en el edificio de Rectorado de la Universidad de León (ULE) a los vicerrectores de Profesorado y Economía de la Universidad de Valladolid (UVA), José Carlos Hernández y Alfonso Redondo Castán, la de Ordenación Académica y Profesorado de la de Salamanca (USAL), Mª Luisa Martín Calvo, y el de Personal Docente e Investigador de la de Burgos (UBU), José Mª Cámara Nebreda, que fueron recibido por el rector Juan Francisco García Marín, que les dirigió unas palabras de bienvenida. Por parte de la ULE, la delegación fue completada por el Vicerrector de Profesorado, Miguel Ángel Tesouro Díez y la Vicegerente, Araceli Cano Sansegundo.
En la reunión se abordaron los principales aspectos que, en palabras de Tesouro, “presumiblemente van a reivindicar los profesores contratados”, para conocer al posturas que a este respecto mantiene cada una de las cuatro universidades públicas de la comunidad. El encuentro también sirvió para conocer las actuales situaciones de las plantillas de profesores, y los planes de oferta de empleo público que se están llevando a cabo en las citadas instituciones educativas.
Finalmente hay que señalar que también se analizaron las posibles estrategias a aplicar para resolver los problemas y necesidades de personal docente que tiene cada universidad que, tal y como apuntó Tesouro, “en su mayor parte son comunes a las cuatro”.
El balance de esta toma de contacto fue calificado por el Vicerrector de Profesorado de la ULE como “bastante fructífero”, en espera de que la Junta de Castilla y León concrete la fórmula de financiación de las universidades públicas, que en opinión de Tesouro, “debería actualizarse, no solo mejorando su dotación, sino otorgando también más margen de maniobra a las propias universidades”.