Estos anuncios corresponden a apartamentos turísticos que no cumplen con las normativas autonómicas aplicables en España.
En los últimos meses, el Ministerio remitió hasta 3 resoluciones a Airbnb Irlanda, notificando la detección de estos anuncios irregulares y exigiendo su retirada inmediata.
La plataforma intentó impugnar estas decisiones ante los tribunales, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya se ha pronunciado sobre la primera de las resoluciones emitidas. En un auto reciente, el tribunal respalda las acciones de Consumo y ordena a Airbnb eliminar de manera inmediata 5.800 anuncios de pisos turísticos.
Desde la Dirección General de Consumo se han identificado 3 causas principales que justifican la ilegalidad de los 65.935 anuncios analizados:
- En primer lugar, muchos de ellos no incluyen el número de licencia o registro, un requisito obligatorio según las normativas de varias comunidades autónomas. Esta omisión constituye la irregularidad más común encontrada en los anuncios inspeccionados.
- En segundo lugar, los anuncios tampoco especifican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si son profesionales o particulares. Esta información es clave para determinar si quienes contratan están protegidos como consumidores o no.
- Por último, algunos anuncios incorporan números de licencia falsos o inexistentes, lo que puede inducir a engaño o confusión entre los usuarios. Este tipo de práctica supone una vulneración adicional de las normas de transparencia y protección al consumidor.
Los anuncios afectados por la decisión del TSJM corresponden a viviendas turísticas localizadas en Andalucía, Madrid, Cataluña,Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
Irregularidades en el sector turístico
En este marco, se destaca que la Dirección General de Consumo abrió en diciembre de 2024 un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler vacacional debido al incumplimiento de la obligación de publicitar el número de licencia. Asimismo, en febrero de 2025 se iniciaron procedimientos similares contra grandes gestoras de alojamientos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica de los arrendadores. Estos expedientes continúan su curso de manera independiente a las medidas anunciadas recientemente.
Además, el 27 de marzo se abrió otro expediente sancionador contra una importante inmobiliaria por prácticas consideradas abusivas hacia los inquilinos, ampliando así el alcance de las acciones del Ministerio en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
