El conflicto por el deslinde de 700 hectáreas de terreno entre Cabrillanes (León) y Somiedo (Asturias) suma un nuevo capítulo de tensión administrativa. Tras las informaciones que sugerían un avance judicial a favor de los intereses asturianos, el alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez Morán, ha salido al paso para corregir lo que califica de «interpretaciones erróneas» que generan confusión en la ciudadanía.
El regidor leonés ha precisado que el auto de la Audiencia Nacional del pasado 19 de marzo es un mero trámite administrativo. «No supone en ningún caso que el recurso haya sido admitido por el Tribunal Supremo ni que se haya entrado a valorar el fondo del asunto», subraya Martínez. Se trata, según explica, de un emplazamiento de las partes para personarse, paso previo y ordinario antes de que el Supremo decida si admite o no a trámite la casación.
Críticas a la inacción de la Junta de Castilla y León
Más allá del plano judicial, el conflicto ha derivado en una dura crítica política hacia el Gobierno autonómico. Desde el Ayuntamiento y desde las filas de Unión del Pueblo Leonés (UPL), se denuncia una falta de apoyo institucional y económico en la defensa de este territorio estratégico para la ganadería y la agricultura local.
Alicia Gallego, secretaria general de UPL, ha sido tajante al exigir «responsabilidad y firmeza» al Partido Popular y a la Junta:
«Cabrillanes se ha visto solo. La Junta no ha asumido los costes judiciales ni ha hecho una defensa expresa de las 700 hectáreas que, hasta la fecha, pertenecen a León según la sentencia ganada por el municipio».
Un proceso con las garantías en juego
Desde el consistorio leonés insisten en que la situación procesal sigue favoreciendo la postura de Cabrillanes y lamentan que desde Asturias se trate de proyectar una realidad distorsionada. El ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir defendiendo sus derechos territoriales «con rigor» ante lo que consideran un ataque a los intereses de la provincia de León.
