La Audiencia Nacional ha condenado con hasta 7 años de cárcel a los antiguos altos cargos y responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentra su ex consejero Alfredo Prada, por el descontrol en el macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia. Los jueces han impuesto 7 años de presidio a Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y le fuerza a pagar a las arcas públicas madrileñas 40 millones de euros junto a los otros 3 acusados. Los otros 4 han sido condenados a penas de 3 años y medio de presidio.
Junto con Prada han sido condenados Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Andrés Gómez Gordo y Félix José García de Castro, todos ellos parte del equipo que estuvo encargado del desarrollo del proyecto. Las condenas son un poco más bajas por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Prada ha sido condenado por prevaricación y malversación, y el resto como cooperadores necesarios.
La sentencia de la Audiencia Nacional habla del descontrol en la contratación de casi todos los pasos necesarios para comenzar con el proyecto. Hubo una «intensa actividad de contratación» en la que los acusados, liderados por el hombre de confianza de Aguirre, «obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos» y adjudicaron varios contratos que «se alejaron cada vez más del objeto social».
La sentencia pone una cifra al agujero malversador del proyecto estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre, en concreto, 40,4 millones de euros. Una cuantía que, para los jueces, es de «suma gravedad». Fue ella quien, según el juicio, dijo que había que contratar al arquitecto Norman Foster y solo eso supuso «más de 13 millones de euros», destacan los jueces. Al final, más de 40 millones que forman parte de la malversación. «Tal cantidad es de una extraordinaria relevancia y ha incidido de forma clara en la producción de un daño al servicio público».
El juicio estaba a la espera de la sentencia desde el pasado mes de mayo, en el que la Fiscalía hizo definitivas sus peticiones de cárcel, hasta 8 años de prisión para Alfredo Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante ese mandato de Esperanza Aguirre y máximo responsable del proyecto. Tanto Prada como el resto de acusados han negado las irregularidades mientras que el fiscal del caso ha sido tajante al afirmar que el proyecto sepultó cientos de millones de euros de dinero público para dar forma a un fallido «parque temático del autobombo».
