El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado la jornada ‘Salud Mental en el Trabajo’, organizada por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), subrayando la importancia de cuidar el bienestar emocional de los empleados públicos como eje de una administración eficaz, cercana y sostenible.
Durante su intervención, González Gago ha destacado que la salud mental incide directamente en el rendimiento, la motivación y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. Por ello, la Junta ha intensificado en los últimos años sus acciones para identificar riesgos psicosociales, fomentar entornos laborales saludables y actuar de forma preventiva frente al estrés, la fatiga emocional o la desmotivación.
Entre las medidas desarrolladas en 2024, destaca un estudio sistemático de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo de la Junta, basado en cuestionarios anónimos según la metodología FPSICO 4.1 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En total, se llevaron a cabo 402 evaluaciones, que permitieron detectar factores de riesgo relacionados con la carga laboral, el apoyo recibido por parte de superiores o la calidad de las relaciones laborales.
Como resultado, se realizaron más de 30 estudios específicos adicionales en centros donde se detectaron indicadores de riesgo más acusados. Estas evaluaciones, realizadas por los técnicos de prevención de la Junta mediante entrevistas y visitas, sirvieron para elaborar propuestas concretas de mejora que ya han sido trasladadas a los responsables de cada centro.
La formación también es una pieza clave en esta estrategia. En 2024, la ECLAP ha impartido 70 cursos centrados en aspectos psicosociales, con la participación de 1.500 empleados públicos. Para 2025, está previsto un incremento del 18 %, alcanzando 83 cursos enfocados en la gestión emocional, la prevención del desgaste laboral y la creación de entornos saludables.
Además, la Junta ha reforzado su protocolo frente a la violencia en el ámbito laboral, actualizando los procedimientos para detectar, analizar y responder con agilidad a situaciones de violencia interna (0,66 casos por cada 1.000 empleados) y externa (2,32 por cada 1.000). En paralelo, se ha puesto en marcha un protocolo específico contra el acoso sexual, que contempla la formación de asesores confidenciales y la creación de grupos de apoyo para intervenir de forma rápida y efectiva.
En palabras del consejero, “la salud mental se ha convertido en un eje estructural de nuestras políticas públicas. Avanzar en esta materia no es un lujo, ni una moda: es una exigencia ética, institucional y social”.
