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Suárez-Quiñones ha intervenido esta mañana en la mesa redonda ‘La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el marco de la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León’, organizada por el diario El Norte de Castilla, con la colaboración de la Fundación Ecolec, donde señalo la fortaleza de Castilla y León en la valorización de este tipo de residuos.
La Comunidad de Castilla y León cuenta con ocho Centros de Preparación para la Reutilización (CPR), instalaciones en las que se realizan operaciones de tratamiento de residuos consistentes en la preparación para la reutilización, dos de ellas son empresas del tercer sector.
Además, hay siete gestores finales de residuos eléctricos y electrónicos, con una capacidad de tratamiento de 60.774 toneladas que se desglosan según los tratamientos específicos y 95 instalaciones autorizadas para almacenamiento de estos residuos y 26 plataformas logísticas, almacenes pertenecientes al ámbito de la distribución.
El consejero ha valorado el comportamiento individual de la ciudadanía por su concienciación y respuesta ante los retos ambientales, destacando su implicación para lograr una economía circular en Castilla y León, ya que hoy en día no puede mantenerse la economía lineal basada en ‘extraer, fabricar, consumir y tirar’, y hay que dedicar todos los esfuerzos para eliminar el concepto de ‘residuo’ y sustituirlo por ‘recurso’.
Suárez-Quiñones califico de ‘aceptable’ el grado de cumplimiento de la ciudadanía en Castilla y León, que alcanza el 91,43 % del objetivo marcado por el Gobierno de España para el año 2022, la quinta Comunidad con mayor implicación ciudadana, muy por delante de la recogida de estos residuos por parte de los profesionales, que se sitúa en el 22 %.
En este sentido el consejero señaló como ‘muy ambicioso’ este objetivo, situado en 13,29 kilos/habitante, teniendo en cuenta que cada año se ha ido incrementado el objetivo, pasando de 4,00 kg por habitante en 2014, a 4,32 kg en 2015, 5,46 kg en 2016, 6,21 en 2017, 7,43 kg/habitante en 2018 y 9,22 kg/habitante en 2019. Para los tres últimos ejercicios los objetivos mínimos fijados han sido los siguientes: 2020: 10,41 kg por habitante, 11,85 kilos en 2021 y 13,29 en 2022.
