Castilla y León acudirá el próximo lunes a la reunión convocada por el ministro de Agricultura con los consejeros del ramo con una posición común, y con una sola voz, para exigir la flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC). Una posición común que ha sido consensuada con las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UPA-COAG y UCCL) y que se ha traducido en un documento conjunto.
Así lo ha dado a conocer esta mañana el vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan García-Gallardo, poco antes de participar en la última reunión del año de Consejo Agrario, en el que están representadas tanto las OPAs firmantes como la Consejería de Agricultura, Gandería y Desarrollo Rural.
“Las propuestas que se plantean están basadas en el sentido común y en el conocimiento del sector y de sus necesidades que tienen tanto las organizaciones agrarias como la Consejería de Agricultura, Gandería y Desarrollo Rural”, explicó el vicepresidente. “Asimismo, ponen de manifiesto la existencia de un gran acuerdo sobre la necesidad de introducir cambios relevantes en la PAC”.
“El sector agrario es muy importante para Castilla y León y para España, pero su supervivencia y fortalecimiento no son posibles si se le somete a restricciones y limitaciones constantes que van mucho más allá de lo razonable o de lo prudente, y que, aunque dicen querer proteger el medio ambiente, no lo garantizan y causan perjuicios graves”, añadió.
El texto del documento es muy claro al respecto: “En nuestra opinión, una negociación poco sosegada, planificada y consensuada ha llevado a unas condiciones de aplicación de máximos contrarias, en muchos casos, a los mínimos criterios agronómicos, sin siquiera ser capaces de encontrar los supuestos beneficios medioambientales de las mismas”.
El documento ‘Posición Común sobre el establecimiento de propuestas de flexibilidades en las condiciones para la solicitud única y propuestas de modificaciones en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027’ será remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y está firmado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, así como por los representantes de las principales organizaciones agrarias. En concreto, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo; el coordinador general de UCCL, Jesús Manuel González Palacín; y los representantes de Alianza por la Unidad del Campo: Lorenzo Rivera Prieto, coordinador de COAG Castilla y León, y Aurelio González del Río, responsable regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
El documento demanda excepciones en las condiciones de aplicación de la solicitud única para la campaña 2024, así como una propuesta de modificación del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) correspondiente al periodo 2023-2027.
La posición común es el resultado del análisis de la experiencia del primer año de aplicación de la nueva PAC y la observación de sus efectos negativos sobre las explotaciones agrarias profesionales de Castilla y León, lo que ha permitido a OPAs y Consejería proponer alternativas para que la regulación tenga mejor encaje en la estructura productiva de las explotaciones, sin olvidar el cuidado del medioambiente.
Medidas planteadas
En el documento se incluye también una nota en la que se reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha del Plan sectorial para el Ovino “con el fin de apoyar a este sector, cuyo abandono y disminución de censos año tras año resulta alarmante”.
En cuanto a las medidas de flexibilidad que se plantean, obedecen a la constatación de que “la rotación de las tierras de cultivo por parcela supone un cambio significativo en las políticas agrícolas en España que exige un periodo de adaptación, reflexión y concienciación de los agricultores”. Y que afecta especialmente a los cultivos de maíz, que indirectamente repercuten sobre las explotaciones de vacuno que lo usan para alimentar a sus cabañas.
“La continuidad de la obligación de la rotación durante el año 2024 producirá una reducción de la superficie sembrada y, en consecuencia, la producción disminuirá, y con ello obligará a la importación de maíz de otros países alejados de España por el desabastecimiento del mercado nacional”, se afirma en el documento con la posición común de la Comunidad.
Y añade: “Es difícil justificar esta obligación cuando la situación geopolítica mundial que llevó a la Comisión Europea a excepcionar esta norma el año pasado, por la escasez de alimentos en el seno de la Unión», persiste.
Por ello, la propuesta de Castilla y León para eliminar o reducir condicionantes como la obligación de establecer el barbecho en las superficies de regadío, o la rotación del cultivo de maíz, que conllevan limitaciones o reducciones de producción, permitirá evitar el alza de los precios de los alimentos, precisamente en un momento inflacionista.
Otra de las propuestas fundamentales del documento incide en la necesidad de apoyo extraordinario a sectores estratégicos como el cultivo del girasol y, por supuesto, la de potenciar la figura del agricultor profesional, puesto que debe ser el actor principal de las políticas agrarias.
Por otra parte, buena parte de las propuestas de modificación se centran en los diferentes elementos de la nueva ‘arquitectura verde’, en concreto a las normas sobre Condicionalidad Reforzada y la intervención relativa a los Eco regímenes. Estas segundas propuestas necesitarán de la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura, así como de la ratificación posterior por parte de la Comisión Europea.
Se trata, en definitiva, de un primer documento de posición común entre el Gobierno de la Junta de Castilla y León y el propio sector agrario, para trasladar al Ministerio y que, a su vez, éste eleve dichas peticiones a la Comisión Europea. Las propuestas de modificación se refieren a unas condiciones impuestas sin consenso ni planificación y que responden a máximas exigencias de carácter medioambiental –cuyos beneficios no se han demostrado– pero contrarias a los mínimos criterios agronómicos.
El documento hace realidad el objetivo que se marcó la Junta de Castilla y León de conformar una sola voz con el sector agrario, al que siempre ha mostrado su respeto y apoyo, como demuestra la gran batería de ayudas aprobadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desde el inicio de la legislatura.
