Ahora León / Junta de Castilla y León / Digital de León
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado esta mañana en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción de Valladolid el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2017, que llega después de una justificada prórroga y supera los 10.000 millones de euros por primera vez desde 2011, como consecuencia de unos objetivos de déficit y deuda más amplios y un mejor comportamiento de los ingresos derivados de los Presupuestos Generales del Estado.
Las cuentas de la Comunidad para este año se han elaborado tomando como base una previsión de evolución del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,5%, una tasa de paro anual del 14,1 %, un incremento del empleo del 2,1 % –que se traducirá en la creación de alrededor de 20.000 nuevos puestos de trabajo– y un déficit público del -0,6 %. Asimismo y como es lógico, respetan el límite individual de deuda del 19,8 % y la regla de gasto, al elevarse por debajo de la tasa de referencia de crecimiento de la economía nacional, en consonancia con el compromiso del Gobierno autonómico con la estabilidad financiera de España y la senda de consolidación fiscal, que se ha reflejado en el cumplimiento de nuestras obligaciones en 2016.
Con todo esto como punto de partida, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy en sesión ordinaria un Proyecto de Presupuestos para este año que se sitúa en 10.293.186.358 euros, el 4,57 % más que el pasado, cuantía que está condicionada por un aumento de las operaciones financieras cercano al 12 %. De ahí la importancia de fijarse en los 9.248 millones de gasto no financiero. En términos absolutos esta cifra implica una inyección de 338 millones de euros adicionales respecto a 2016, el 3,79 % más, que permitirá consolidar el ciclo de recuperación económica iniciado en 2014, apuntalar la creación de empleo y reforzar los servicios públicos fundamentales.
Es preciso indicar, en este punto, que el techo de gasto no financiero se ha corregido al alza en algo más de 88 millones de euros en comparación con los 9.159,8 millones aprobados por las Cortes de Castilla y León el pasado 8 de febrero. Su cuantía ha variado al producirse algunos de los supuestos contemplados en las normativas estatal y autonómica sobre estabilidad, en particular, la modificación de las transferencias del Estado y los ingresos por entregas a cuenta del modelo de financiación a tenor, respectivamente, del contenido del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de la comunicación recibida este mismo mes de abril.
Bajada de impuestos para las familias, el medio rural y los emprendedores
El Proyecto de Ley de Presupuestos se acompaña del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, que recoge las decisiones ya anunciadas en relación a la bajada de impuestos. Así, eleva de 250.000 a 300.000 euros el mínimo exento en Sucesiones para herencias directas, es decir, de padres a hijos y entre cónyuges, lo que hará que más del 90 % de los contribuyentes no tengan que pagar nada; crea un beneficio fiscal para asentar población en el medio rural, que consiste en una bonificación del 15 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rehabilitar viviendas en los pueblos para arrendarlas por menos de 300 euros al mes; mejora la deducción por compra del hogar habitual y por alquiler para jóvenes residentes en pequeños núcleos de población; amplía la ventaja en el IRPF por invertir en empresas que generen empleo en Castilla y León, en favor del emprendimiento, y establece cinco años de moratoria en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para nuevas inversiones en energías renovables en territorio autonómico.
Asimismo los tomos, que esta misma tarde registrará en las Cortes la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, para su tramitación parlamentaria, mantienen la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta, que no hay que olvidar que se redujo en 2015 y 2016.
Paralelamente, en 2017 se aplicarán 51 beneficios fiscales –los 50 que estuvieron vigentes el año pasado y el que se crea en virtud del Proyecto de Ley de Acompañamiento–, con lo que ello supone de una menor tributación efectiva. Centrados en el apoyo a las familias, el fomento del empleo, el acceso a la vivienda y la protección del patrimonio, implican un coste global de 281 millones de euros que se quedarán en el bolsillo de los castellanos y leoneses, ya sean particulares o empresas.
Déficit de 277,3 millones entre las entregas a cuenta y las consejerías sociales
El escenario de ingresos del proyecto confirma que las entregas a cuenta del modelo de financiación son la principal partida: ascienden a 6.101,7 millones, el 3,2 % más que el ejercicio pasado, una vez descontados los 73,9 millones de euros que corresponde devolver por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y sumados los 251 de la liquidación positiva de 2015. Ahora bien, aunque suben 248 millones respecto a las notificadas en octubre y 70,4 en comparación con la estimación de la Junta para calcular el techo de gasto, continúan siendo insuficientes para financiar los 6.379 millones de euros de presupuesto conjunto de las tres consejerías sociales en 2017. De hecho, el desfase es de 277,3 millones. De ahí que el presidente Herrera haya reiterado que es urgente revisar el modelo de financiación autonómica, de modo que sea suficiente para sufragar los grandes servicios públicos y garantice la igualdad de los españoles a la hora de acceder a ellos, con independencia del lugar donde residan. En este sentido, ha recordado que en Castilla y León existe un consenso de todos los grupos parlamentarios sobre los principios que deben inspirar esa reforma.
El desglose de las entregas a cuenta revela que el IVA aporta 1.956,9 millones de euros, el 6,13 % más, fruto del aumento esperado de la recaudación. En la misma línea, la cuantía del IRPF sube el 6,03 %, hasta los 1.845 millones, lo que demuestra que una rebaja de este impuesto no se traduce necesariamente en menos recursos. También crecen las partidas vinculadas a los Impuestos Especiales –que alcanzan los 913 millones de euros, el 5,10 % más– y a la tarifa estatal del Impuesto sobre Hidrocarburos, que añade el 6,5 %, hasta los 561,6 millones. Por su parte, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos se mantiene prácticamente sin cambios (803,4 millones de euros) y el Fondo de Suficiencia desciende el 1,7 %, hasta los 406,2.
En segundo lugar, se prevé que los tributos tradicionales y propios que gestiona el Gobierno de Castilla y León dejen 754,6 millones de euros en las arcas públicas de la Comunidad en 2017, el 2,02 % menos. Esta ligera caída se debe a que la Junta ha dejado de recaudar la parte autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos, que reportó 5 millones de euros en 2016. Baja ligeramente la aportación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el 0,2 %, hasta los 196 millones de euros; casi la misma cantidad, 195 millones, llegará del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados añadirá otros 110, cifra idéntica a la de 2016. Por último y por sexto año consecutivo se cobrará el Impuesto sobre el Patrimonio, por el que se espera recibir 38 millones, el 7,86 % menos.
Una vez repasados los ingresos tributarios, es el turno de los procedentes de las transferencias del Estado, la UE y otras fuentes de recursos no tributarias. Suman 2.058,2 millones de euros, el 0,39 % más que en 2016, con los 923,8 millones de la Política Agraria Común (PAC) como partida más destacada y constante. Le siguen los 607,5 millones de euros de transferencias estatales, principalmente finalistas, que ‘engordan’ el 7,8 %; los 275,6 que añaden los precios públicos, las prestaciones de servicios, la enajenación del patrimonio y los reintegros, entre otros, y los 251,2 millones de fondos europeos, el 11 % más que el ejercicio precedente. En relación a éstos cabe mencionar que corresponden al marco 2014-2020 y tienen que ver con los programas operativos aprobados para Castilla y León, cuya ejecución se potencia coincidiendo con la llegada al ecuador: el FEDER crece el 18,6 %, el FSE el 21,3 % y el FEADER el 6,5 %, porcentajes relevantes que cobran una dimensión todavía mayor si se tiene en cuenta que en el actual periodo se precisan más fondos autónomos para pagar las actuaciones, debido a que la tasa de cofinanciación es más reducida.
Por último, el Proyecto de Presupuestos se completa con 1.378,7 millones de euros de operaciones financieras, el 24 % más que en 2016, que incluyen 422,5 millones de nuevo endeudamiento ajustado al objetivo de déficit del -0,6 % del PIB. La deuda de reposición será de 781,4 millones de euros frente a los 817,3 del ejercicio anterior, un descenso del 4,4 % que es coherente con el calendario de amortizaciones. Junto a esto se incluyen 124,8 millones en reintegros de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) efectuados por las empresas a las que en su día les fueron otorgados, y una partida de 50 millones de euros, también del BEI, que la Comunidad ingresará este año. Serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda, que los destinará a apoyar financieramente los proyectos de emprendedores y compañías ya en funcionamiento a través de los programas de crecimiento e innovación de la Lanzadera Financiera.
El aumento de recursos en las áreas sociales en cuatro veces mayor
El estado de gastos remite a la cifra real, de referencia, de 9.248 millones de euros, que es el techo máximo de gasto no financiero al que deben ajustarse los programas de la Junta. Hay que tener en cuenta que, de este montante, 923,8 millones se corresponden con la PAC, 30,5 millones están destinados a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (el 9,2 % más) y 290,7 millones están asignados a abonar los intereses de la deuda.
Por lo tanto, es preciso descontar estas tres partidas para centrarse en el gasto efectivo que gestionarán las consejerías, que se eleva a 8.003 millones, el 4,9 % más que el año pasado. Así, 2017 será el tercer ejercicio consecutivo con crecimiento del presupuesto no financiero para las políticas de gasto, que recibirán 375 millones de euros adicionales respecto a 2016. De esta cantidad, el 81 % será para gasto social. O dicho de otro modo, el incremento absoluto de los créditos no financieros reales para Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades es cuatro veces mayor que para el resto de áreas.
Se trata de la prueba más evidente de que la asignación presupuestaria obedece al cumplimiento de los grandes objetivos de legislatura fijados por el presidente Herrera en su discurso de investidura: garantizar los servicios públicos fundamentales, afianzar la recuperación económica y el empleo y fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad.
En coherencia con lo anterior, la salud, la enseñanza y la atención social consumen 6.379 millones de euros, cuantía que aumenta el 5 % y absorbe el 80 % de los recursos no financieros de las consejerías y el 87 % de los fondos autónomos de carácter no financiero.
El presupuesto previsto total para la Consejería de Sanidad escala el 5,4 % (3.477,2 millones), el de Educación crece cerca del 4 % (1.976,3 millones) y la dotación para Familia e Igualdad de Oportunidades el 6 % (925,4 millones), para reforzar los programas de la Red de Protección a las Familias.
Merece una mención especial el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que va a permitir ampliar y reforzar las infraestructuras y los equipos y, por lo tanto, mejorar la calidad en la prestación de los servicios esenciales. Este compromiso queda recogido en un anexo del proyecto y está cuantificado en casi 172 millones de euros, superando los 148,8 millones la cuantía prevista para 2017.
La dotación para políticas económicas crece el 8,6% y para el empleo el 10,6%
El texto refleja asimismo otra de las prioridades de la Junta: la consolidación del crecimiento del PIB, indispensable para alcanzar el reto de llegar al millón de ocupados al finalizar la legislatura. Así, la dotación para las políticas económicas se dispara el 8,63 % para potenciar la competitividad, el cambio de modelo productivo y la reindustrialización, en línea con el reciente acuerdo firmado entre la Junta y las fuerzas políticas con representación parlamentaria. En la misma línea, las políticas de fomento del empleo contarán con el 10,63 % más, hasta los 292,7 millones de euros, que recogen el compromiso adquirido en el seno del Diálogo Social de reservar para este fin al menos 90 millones de fondos autónomos.
Para apoyar a las empresas se destinan 223,6 millones de euros, el 26 % más, gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda bien directamente, bien a través de la todavía Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE). De esa cantidad 110,6 millones serán ayudas directas (el 9 % más), 89,1 millones apoyos financieros (el 69 % más) y 23,9 millones se invertirán en suelo industrial, con partidas para impulsar el Parque Tecnológico de Burgos y las infraestructuras asociadas a los planes industriales de la Alianza Renault-Nissan. El respaldo al tejido productivo se completa con 1.150 millones en forma de avales.
Dentro de las ayudas financieras Economía y Hacienda dedicará 73,8 millones a préstamos para incentivar el crecimiento innovador de las empresas y a la puesta en marcha de dos nuevos fondos en el marco de la Lanzadera Financiera, que movilizarán 112 millones en créditos para actividades innovadoras. Esta consejería gestionará 458,7 millones, el 35,7 % más, como consecuencia del aumento de las operaciones financieras y, sobre todo, de la amortización de préstamos formalizados con el BEI para facilitar liquidez a las empresas.
El catálogo de apoyos públicos de la Lanzadera Financiera se refuerza con un tercer fondo que inyectará 110 millones a los sectores primario y agroalimentario. Este instrumento de garantía explica en parte el empujón del 113,8 % que se anotan las operaciones financieras de la Consejería de Agricultura y Ganadería y, por ende, la subida del 7,7 % de su presupuesto –sin tener en cuenta la PAC, que se mantiene intacta– hasta los 437,6 millones.
El presupuesto de la Consejería de Empleo crece el 11 % (287 millones), que permitirán continuar ejecutando con Educación y Familia el Programa de Empleo Juvenil, cofinanciado con fondos europeos, que contará con 20 millones de euros.
Impulso al gasto en I+d+i con 220,6 millones de euros
El pacto de Comunidad por la reindustrialización de Castilla y León, suscrito el 29 de marzo, confirmaba el compromiso de destinar el 3 % del presupuesto no financiero de las consejerías a ciencia y tecnología al finalizar la legislatura. El proyecto legislativo de 2017 consolida ya una partida equivalente al 2,75 %, que en cifras absolutas se traduce en 220,6 millones de euros reservados para I+D+i y Sociedad de la Información (el 28,3 % más que en el pasado ejercicio, en términos homogéneos), tal y como adelantó el presidente de la Junta en las Cortes el 18 de abril.
La apuesta por el municipalismo y la cohesión territorial tiene su reflejo en una dotación de 287,6 millones de euros, el 20,8 % más, que se desglosa en la cooperación económica local general (que crece el 4,8 %, hasta 75,6 millones) y los 212 millones de euros de la cooperación sectorial (el 27,7 % más). Estos fondos permitirán mejorar la calidad de los servicios en el medio rural y proporcionarán a los ayuntamientos y diputaciones más recursos incondicionados para sus políticas. De la gestión de la cooperación local general se encargará la Consejería de la Presidencia, que contará con un presupuesto que sube el 2,3 %, hasta casi 122 millones. En este departamento los procesos de selección de empleados ligados a la oferta pública de empleo justifican el repunte de sus gastos corrientes.
Muestra fehaciente del esfuerzo de la Junta por seguir construyendo una Comunidad más cohesionada y solidaria es la inclusión como anexos, por primera vez, de la dotación tanto del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros como del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria, para los que se reservan 13,8 y 29,5 millones de euros, respectivamente.
La partida a disposición de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se eleva el 3,7 %, hasta los 515,5 millones. Este aumento responde, por un lado, al crecimiento de las operaciones financieras para afrontar la participación de la Junta en la sociedad Valladolid Alta Velocidad y, por otro, a los incrementos del 33,2 % en las políticas de ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas, y del 8,6 % en las de protección y mejora medioambiental. Por último, a Cultura y Turismo le corresponden 120,2 millones de euros, el 4,7 % más, con los que podrá redoblar esfuerzos en apoyo al patrimonio histórico, el deporte y la promoción turística.
Subida de sueldo del 1% y más oferta de empleo público
En lo que respecta a la clasificación económica del gasto, el capítulo 1 o de Personal contabiliza 3.624 millones, lo que supone un crecimiento del 1,37 % que permitirá elevar el 1 % las retribuciones de los empleados públicos. Hay que precisar que más del 87 % de los gastos de personal se concentran en las tres consejerías sociales y que el 10,8 % del alza que experimenta este capítulo de la sección Cortes de Castilla y León se justifica por acuerdo de la Mesa del Parlamento.
Conviene destacar que en 2017 se amplía la oferta de empleo público hasta el 100 % de la tasa de reposición en los principales servicios públicos. Asimismo, se podrá convocar el 90 % de las plazas ocupadas por personal interino con más de tres años de antigüedad en el puesto para reducir la temporalidad y dotar de mayor estabilidad a los trabajadores del sector público.
Los gastos corrientes en bienes y servicios (encuadrados en el capítulo 2) absorben 1.375,8 millones, el 4 % más. Nuevamente el funcionamiento de hospitales, centros de salud, colegios, comedores, transporte escolar y centros de mayores consumen casi el 94 % del total. La inmensa mayoría es ejecutado por la Consejería de Sanidad, que tiene asignados 945,8 millones a estos fines, el 5,29 % más que en 2016.
Los gastos financieros (capítulo 3) suman 290,7 millones de euros. El 97 % tienen como destino el pago de los intereses de la deuda pública (281,6 millones), que por tercer año consecutivo decrecen de forma sustancial, el 12 %, como consecuencia de las operaciones de refinanciación de la cartera y del mantenimiento de la política de estímulos y tipos bajos aplicada por el Banco Central Europeo. Este ahorro libera para las arcas de la Comunidad 39,5 millones de euros, que podrán emplearse en políticas sociales. El resto del capítulo sufragará el coste financiero de los préstamos a las empresas (9,1 millones).
Las transferencias corrientes se nutren con 2.708,6 millones. La subida del 6,2 % que experimenta este capítulo 4 (en cifras absolutas, 158,7 millones) se reparte casi en su totalidad entre las áreas de atención sanitaria, educativa y social, incluyendo en este concepto las ayudas al alquiler. Son reseñables los aumentos del 195,4 % para ampliar la gratuidad de los libros de texto a más familias (12,5 millones); del 11 % para reforzar la Renta Garantizada de Ciudadanía (76,5 millones); del 13,5 % para hacer frente a la farmacia hospitalaria (577,8 millones); del 7,9 % para las prestaciones de la Dependencia (más de 131 millones), y del 5% para becar a universitarios (6 millones).
Significativo empuje de las inversiones y prioridad en infraestructuras sociales
Por cuarto año crecen las operaciones de capital (capítulos 6 y 7) y lo hacen en un significativo porcentaje del 10,21 % hasta sumar, en su conjunto, 1.249 millones de euros. Las inversiones reales avanzan el 14,76 %, más del doble que las transferencias de capital (7 %). Dentro del capítulo 6, Fomento y Medio Ambiente acapara 154 millones, Sanidad 124 y Agricultura y Ganadería 81. Es preciso insistir en que en este ámbito sobresale con entidad propia el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, con cerca de 172 millones que se emplearán en la ejecución de grandes obras en hospitales y centros de salud, colegios e institutos, residencias y centros de carácter social.
El capítulo 8, de operaciones financieras, se nutre con 109,8 millones, lo que representa un avance del 77,3 % debido a la constitución de los tres nuevos fondos de la Lanzadera Financiera, a una línea de crédito de 50 millones de euros suscrita con el BEI para financiar al tejido productivo aprovechando el margen del objetivo de deuda fijado por el Gobierno y a la aportación a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Para finalizar, el capítulo 9 reserva 935,4 millones de euros a las operaciones de amortización de la deuda pública que vencen en 2017.
