La Asociación Autovía León-Bragança ha vuelto a colocar esta infraestructura en el centro del debate político. A escasos días de las autonómicas, convocadas oficialmente para el domingo 15 de marzo de 2026, la entidad reclama que los partidos incluyan en sus programas un compromiso claro con un corredor que considera estratégico para León, Zamora y la salida hacia Portugal.
En la nota remitida por la asociación, el colectivo sostiene que esta reivindicación lleva años acumulando apoyos sociales, políticos e institucionales en el territorio. Ese respaldo parlamentario cuenta, además, con antecedentes verificables: en 2008, una proposición no de ley sobre la autovía entre León y Bragança fue aprobada en las Cortes con 78 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; y en marzo de 2025 el Pleno volvió a sacar adelante una resolución para dar “mayor impulso” y “dotación económica real” a la conexión por autovía, además de reclamar al Gobierno de España la construcción del puente internacional de Rihonor.
La asociación insiste en que la autovía León-Bragança en las elecciones de Castilla y León no es una demanda secundaria. A su juicio, supondría una oportunidad para reforzar la logística, el turismo y la actividad económica del noroeste peninsular. No es un argumento nuevo: en debates parlamentarios de la Comunidad se ha defendido esta conexión como una puerta de acceso al norte de Portugal, un área de más de 4 millones de habitantes.
El principal punto de fricción sigue estando en los tramos pendientes. La Junta respondió en agosto de 2025, en una contestación parlamentaria, que la futura autovía Sanabria-Bragança tiene carácter internacional y que, por tanto, su planificación y ejecución corresponden al Gobierno de España. En ese mismo texto añadió que el proyecto de modernización de la ZA-921 entre Puebla de Sanabria y Rihonor ya está redactado, con una inversión estimada de 11,8 millones de euros, y que la parte española de la variante de Rihonor rondaría los 17,7 millones, mientras Portugal dispone de 29 millones de fondos Next Generation para su actuación viaria.
Frente a esa tesis, la asociación sostiene que la Junta debe actuar en los tramos de su competencia y dejar atrás una cadena de anuncios sin obra visible. El debate sigue abierto también en las Cortes: en la resolución aprobada en marzo de 2025 se recordó que la ZA-921, de titularidad autonómica, conecta Puebla de Sanabria con Rihonor en 15,3 kilómetros, y se instó a licitar su adecuación y modernización antes de que terminara 2025. Sin embargo, en febrero de 2025 la propia Junta defendió tras reunirse con la asociación que buena parte del corredor estaba ya ejecutado, en ejecución o en tramitación, y volvió a situar la clave en la implicación del Estado para la variante internacional.
Con este escenario, la autovía León-Bragança en las elecciones de Castilla y León regresa a la campaña como una de esas infraestructuras que vuelven al primer plano porque todavía siguen sin resolverse. La asociación pide ahora que el próximo ciclo político convierta la reivindicación en calendario, presupuesto y maquinaria sobre el terreno. La campaña electoral finaliza el 13 de marzo de 2026, apenas dos días antes de la votación.
