La ley busca proteger a los niños y adolescentes del acoso y de potenciales problemas de salud mental. Por ello, introduce una nueva categoría llamada «plataformas de medios sociales con restricciones de edad» para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, incluidos aquellos que ya tienen cuentas.
Son las propias plataformas como Facebook, Instagram (ambas de Meta), Reddit, Snapchat, X y TikTok las que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley.
En cambio, la norma excluye a plataformas de bajo riesgo como YouTube.
Esta norma, pionera en el mundo, llega tras un intenso debate en el país al contar con una de las normativas más estrictas contra las grandes tecnológicas que nunca antes se había aplicado.
Contemplará multas de hasta unos 32,1 millones de dólares (unos 30,5 millones de euros) para las plataformas la incumplan.
En enero se pondrá a prueba un método para aplicarla pero la prohibición no entrará en vigor hasta dentro de un año.
En Florida, la prohibición total para menores de 14 años está siendo impugnada ante los tribunales por motivos de libertad de expresión.
Sin embargo, esta prohibición podría tensar la relación de Australia con su principal aliado, Estados Unidos.
El propietario de ‘X’, Elon Musk, será una figura central en la nueva administración del presidente electo Donald Trump.
Según dijo en un post este mes, la norma le parecía una «forma encubierta de controlar el acceso a Internet de todos los australianos».
Tiene precedentes
Esta no es la primera norma australiana que limita el poder de las grandes tecnológicas. El país también fue el primero en obligar a las plataformas de redes sociales a pagar derechos de autor a los medios de comunicación por compartir sus contenidos, y ahora planea penalizarlas con multas por no acabar con las estafas.
De la misma manera, esta ley ha suscitado diferentes críticas, no sólo del lado de quienes defienden la libertad de expresión. Así, varios grupos de defensa de jóvenes y académicos han advertido de que la prohibición podría dejar fuera de las redes de apoyo a los jóvenes más vulnerables, como los adolescentes LGTBIQ+ y migrantes.
La Comisión Australiana de Derechos Humanos ha afirmado que la ley podría vulnerar los derechos humanos de los jóvenes al interferir en su capacidad para participar en la sociedad y otras organizaciones como Amnistía Internacional han puntualizado que la norma «no aborda el problema fundamental de que las empresas de redes sociales se benefician de contenidos nocivos, algoritmos adictivos y vigilancia (a los usuarios)».
Pero los grupos de padres han presionado durante todo el proceso para que el proyecto se llevase a cabo. Han abogado por una intervención estatal justificando que las redes sociales estaban empeorando la crisis de salud mental de los jóvenes hasta el punto de que deberían llevar una advertencia sanitaria.
