ASAJA ha solicitado a la Comisión Europea que exija al Gobierno de España el envío del censo actualizado del lobo en España, un documento que, según la organización, el Ejecutivo no ha remitido a las instituciones comunitarias pese a estar elaborado y aprobado en junio de 2025 por el órgano competente.
La petición llega en la víspera de la comparecencia de la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, prevista para mañana, 19 de febrero de 2026, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados. ASAJA espera que en esa sesión se aclare la posición de Bruselas ante lo que considera un incumplimiento de España.
Una carta formal a Bruselas por el recuento del Canis lupus
La organización agraria explica que ha remitido una carta formal a la Comisión en la que denuncia que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no ha trasladado los datos actualizados sobre el estado de conservación del lobo, tal y como marca la Directiva Hábitats.
ASAJA sostiene que, sin un censo “actualizado y científicamente verificado”, resulta difícil evaluar con rigor la situación real de la especie. Además, subraya que esa falta de información condiciona la toma de decisiones y alimenta el debate sobre qué medidas son proporcionales.
Ganadería extensiva: más presión en zonas rurales vulnerables
La organización pone el foco en el impacto sobre la ganadería extensiva, especialmente en áreas rurales con mayor vulnerabilidad económica. Según ASAJA, el incremento de incidentes obliga a tomar decisiones equilibradas, pero siempre con datos oficiales actualizados.
En ese contexto, la entidad defiende que no se pueden pedir “nuevos sacrificios” al sector sin una base científica sólida que permita armonizar la conservación de la biodiversidad con la viabilidad de las explotaciones.
Los ataques del lobo, en cifras oficiales
ASAJA acompaña su demanda con datos que, asegura, reflejan una tendencia al alza:
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En Asturias, los daños han aumentado casi un 20% desde 2021: de 2.721 cabezas muertas a 3.257 en 2024, el dato más alto desde 2017.
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En Castilla y León, en 2024 se registraron 3.979 ataques y 5.985 cabezas muertas.
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En los últimos tres años, desde el cambio de estatus en el LESPRE en 2021, los ataques habrían crecido un 47% y los animales muertos un 39%.
Para ASAJA, aunque estas cifras proceden de dos comunidades, apuntan a un patrón que se extiende: más ataques, más bajas de ganado y mayor presión sobre el campo.
“Sin datos no hay decisiones proporcionadas”
La organización considera que la reiteración en la no remisión de datos puede generar inseguridad jurídica y dificultar el cumplimiento efectivo del Derecho europeo. Por ello, pide a la Comisión que actúe con firmeza para garantizar transparencia y cumplimiento normativo.
ASAJA confía en que la comparecencia del 19 de febrero de 2026 sirva para reafirmar un principio básico: las políticas ambientales deben basarse en datos oficiales actualizados. “Sin datos no hay evaluación rigurosa, y sin evaluación rigurosa no puede haber decisiones proporcionadas”, concluye.
