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Este programa, con un presupuesto de 1.800 millones de euros, de los cuales 962,2 son del FEADER y el resto de la Junta y en menor medida del Estado, se diseñó para el periodo 2014-2020, coincidiendo con la actual reforma de la PAC, aunque al ser un programa mayoritariamente inversor se permiten tres años más para su ejecución, por lo tanto, hasta el 31 de diciembre de 2023.
De las partidas importantes, ASAJA reconoce que se ha actuado con diligencia en la de incorporación de jóvenes al sector agrario, que ya tiene sobrepasados sus compromisos, lo que ha permitido que, a diferencia de otras comunidades autónomas, se estén aprobando todos los expedientes de jóvenes que reúnen los requisitos, y no se haya denegado ninguno por razones económicas.
Por el contrario, ASAJA considera que hay un retraso importante en la ejecución de las medidas de ayudas a planes de mejora de explotaciones, y en las ayudas dirigidas a la industria agroalimentaria para la transformación y comercialización de los productos. Pero el retraso que quizás más perjudica al sector es el que tiene que ver con la ejecución de obra pública destinada a mejorar las infraestructuras agrarias, como son concentraciones parcelarias, nuevos regadíos y modernización de regadíos, cuyo presupuesto ejecutado es tan solo del 22,21%.
ASAJA reiteró al inicio del este programa en el año 2015 que fuera ejecutado en el periodo de seis años y no de nueve, con el fin adelantar en lo posible sus efectos beneficiosos, muy particularmente en los programas que suponen mejoras en las infraestructuras agrarias. La situación creada por la pandemia de la Covid-19, con consecuencias económicas no deseadas también en la agricultura y la ganadería, aporta una razón más para agilizar los procedimientos y licitar toda la obra pública prevista, ya que, además de poner antes al sector en la senda de la competitividad, genera el empleo y revulsivo económico propios del sector de la construcción.
ASAJA reconoce que “Castilla y León es quizás la comunidad autónoma que mejor gestiona tanto las ayudas directas de la PAC como los fondos del Desarrollo Rural, y que desde ese punto de vista de la comparación con el resto no cabe la crítica. No obstante, esta comunidad autónoma, y en este momento, tiene que aspirar a gestionar con mayor celeridad y éxito un Programa de Desarrollo Rural que es pieza clave en la competitividad del sector primario, y no vale sacar pecho comparándose con los más torpes”.
ASAJA aprovecha para recordar que este Programa contemplaba una ayuda a las zonas desfavorecidas de la que se beneficiaban la mayoría de los agricultores profesionales de Castilla y León, pero la Junta hizo una modificación para suprimirla, y destinó el dinero a otras partidas. Ahora, la Junta pretende también destinar dinero de este PDR a sectores agrarios en crisis por la Covid-19, algo que ASAJA no comparte, y le pide que esos gastos extraordinarios los afronte con presupuesto propio, como ya ocurriera con las ayudas al ovino.
