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Este plan incluye medidas específicas dirigidas a colectivos vulnerables. El propósito es reducir los comportamientos suicidas mediante la provisión de apoyo adecuado, el fortalecimiento de redes protectoras y la sensibilización social con el objetivo de combatir el estigma asociado a este problema.
Entre las acciones más destacadas figura la creación de un Observatorio para la Prevención del Suicidio, encargado de analizar datos detallados sobre el fenómeno y orientar las intervenciones. También se mantendrá activo el servicio telefónico 024, ya reconocido como un recurso vital.
Se desarrollarán campañas de sensibilización adaptadas a distintos contextos locales y regionales, así como manuales y talleres para periodistas que favorezcan una cobertura responsable.
Un capítulo especial está dedicado a atender a colectivos vulnerables. Se llevarán a cabo programas de acompañamiento para personas mayores solas, actuaciones en entornos escolares y juveniles, y proyectos específicos para personas LGTBIQ+ y con discapacidades, enfocados en erradicar la discriminación y mejorar su bienestar emocional.
Asimismo, se priorizará la posvención mediante iniciativas que ayuden a familiares y allegados tras una pérdida por suicidio, facilitando recursos para manejar el duelo.
A diferencia del éxito del Plan de Prevención del Suicidio, el plan de salud mental no ha sido aceptado por comunidades gobernadas por el PP, argumentando preocupaciones relacionadas con la desprescripción de medicamentos planteadas por expertos y sociedades científicas.
«Las comunidades lideradas por el PP han votado en contra del plan, algo que nos parece incomprensible, incluso contraviniendo las opiniones de sus propios técnicos», expresó la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial.
La ministra añadió que su departamento no se detendrá ante este «bloqueo» político y exigió al PP que «recapacite«, tal y como hizo en temas como la revalorización de las pensiones o las ayudas tras la DANA.