Ahora León / Noticias de León / Procurador del Común
El presidente del Parlamento autonómico, Ángel Ibáñez, ha resaltado la labor del Procurador del Común en su primera visita institucional a esta institución propia como mecanismo para proteger los intereses y derechos de los ciudadanos, asegurando que revierte positivamente en la calidad de la democracia en Castilla y León.
La primera visita institucional del presidente de las Cortes al Procurador del Común ha servido para que el máximo responsable del Parlamento regional haya comprobado el trabajo que se realiza en esta institución propia, dependiente de las Cortes. La reunión de trabajo con Tomás Quintana ha servido para compartir inquietudes y cuestiones que puedan apoyar la mejora del funcionamiento de una institución de suma relevancia en la Comunidad.
“Quiero recordar que uno de los indicadores que permite medir la calidad de la democracia es cómo los ciudadanos pueden sentirse protegidos en función de las actividades que desarrollan las administraciones públicas y el Procurador del Común desarrolla una tarea fundamental así contemplada en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para proteger los intereses y derechos de los ciudadanos cuando entienden que alguna administración pública los ha vulnerado”. El presidente ha destacado la atribución de nuevas competencias a este organismo “en relación con una obligación que tienen todas las administraciones públicas que es la de llevar una gestión transparente, dar a conocer e informar a los ciudadanos de todas aquellas gestiones que les pueden afectar, esa labor de control de transparencia en las administraciones sin duda también viene a colaborar en la mejora de la calidad de la democracia en Castilla y León”.
El Procurador del Común de Castilla y León es una institución propia de la Comunidad que tiene encomendada por las Cortes de Castilla y León la misión de defender y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En sus funciones está supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, de los Ayuntamientos y Diputaciones castellanos y leoneses, entidades locales menores y de los diferentes organismos que dependan de ellas.
