La Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) expresa su total respaldo a la campaña emprendida por la Junta de Castilla y León, encabezada por el director general de industria Jesús Jiménez Miguel, para erradicar la fabricación ilegal de hormigón en la región.
La instrucción técnica para el control de producción de hormigones fabricados en central, que entró en vigor el 1 de julio de 2019, establece una serie de criterios técnicos para garantizar la calidad y seguridad de los hormigones producidos. Así, “se introdujo un nuevo marco regulatorio para garantizar la calidad y salvaguardar la integridad estructural de las construcciones, así como la seguridad de las personas,” explican desde ANEFHOP. La Instrucción exige a los fabricantes de hormigón obtener un certificado de cumplimiento emitido por un organismo de control acreditado y a los compradores a solicitarlo previo al suministro.
Sin embargo, un reciente informe de la dirección general de industria de la Junta de Castilla y León revela la existencia de plantas de hormigón que operan sin el certificado de conformidad emitido por un organismo de control, incumpliendo así la citada instrucción técnica. Según fuentes de la patronal, hasta un 25% de los fabricantes de hormigón en la región están produciendo y suministrando hormigón ilegal a empresas que no exigen que se cumpla con esta normativa, “cuestionando la integridad de las estructuras y edificaciones construidas, y con ello la seguridad de las personas que las ocupan,” advierte Carlos Peraita, director general de la Asociación.
Así, ANEFHOP expresa su profunda preocupación por la presunta falta de calidad y seguridad en las edificaciones que utilizan este hormigón ilegal. Este tipo de hormigón, comercializado sin control y a un coste habitualmente inferior, “no solo socava la integridad de las construcciones, sino que también genera una competencia desleal para los fabricantes que operan de acuerdo con la normativa,” informa el directivo.
Como consecuencia de esta situación, la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León ha tomado medidas firmes, por las que “se han paralizado varias plantas que no disponían de dicho certificado y se han incoado los correspondientes expedientes sancionadores,” según informan en una comunicación emitida por su director general, Jesús Jiménez Miguel.
Es fundamental destacar que, según la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, las empresas que cometan infracción grave, como es “la no realización de las revisiones, verificaciones o inspecciones, cuando éstas sean preceptivas,” se enfrentan a multas sustanciales, pudiendo alcanzar los 90.000 euros. Estas sanciones pueden también extenderse al comprador de estos hormigones, que carecen de las mínimas garantías de calidad y seguridad. Cabe incidir en que “cualquier hormigón fabricado que no disponga de certificado emitido por un organismo de control acreditado de acuerdo con el citado Real Decreto, es considerado hormigón ilegal, y su uso será perseguido por esta Asociación,” advierte Peraita.
Esta lucha contra la fabricación de hormigón ilegal es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la industria y las autoridades regionales, por garantizar el cumplimiento las normativas vigentes, “que nos rigen a todos para garantizar la seguridad, la calidad y la competitividad de las estructuras construidas en la región,” concluye el director general de ANEFHOP.
