La tensión en la sanidad pública de Castilla y León suma un nuevo capítulo. La Agrupación de Médicos y Enfermeros de Área de Castilla y León (AMEACYL) ha emitido un duro comunicado en el que denuncia la situación límite que atraviesan estos profesionales. Ante la grave crisis por falta de personal, acusan a la Administración de recurrir sistemáticamente a figuras contractuales «claramente precarizadas» para sostener el sistema, generando una brecha de desigualdad respecto al resto del personal estatutario.
El colectivo se siente «ninguneado» tanto por los gestores sanitarios como por los responsables políticos. El centro de la crítica se sitúa en la regulación de la figura del profesional de área, cuyo marco normativo sigue sin concretarse y permanece en un limbo de ambigüedad. Según AMEACYL, este vacío legal permite a Sacyl otorgarse la potestad de mover «libremente» a médicos y enfermeros entre distintas Zonas Básicas de Salud.
Disponibilidad total sin planificación La principal queja radica en la falta de previsibilidad. Esta movilidad se ejecuta, según la agrupación, sin una planificación clara y, en la mayoría de los casos, «sin un calendario laboral previo que cumpla con la normativa vigente». Esta incertidumbre constante impide la conciliación familiar y personal de los trabajadores, que viven pendientes de las necesidades del servicio sin estabilidad organizativa.
A la inestabilidad horaria se suma el agravio económico. AMEACYL subraya que estos profesionales perciben retribuciones inferiores a las de otros compañeros que realizan funciones asistenciales equivalentes, todo ello en un contexto de creciente sobrecarga y desgaste profesional.
Soluciones estructurales, no parches Desde la agrupación consideran «inaceptable» que los contratos de área se hayan convertido en una «solución estructural encubierta». Argumentan que lo que debería ser una medida excepcional para necesidades puntuales se ha transformado en la norma para tapar las carencias del sistema sanitario. «La falta de profesionales no puede justificar la vulneración sistemática de derechos ni el fomento de la desigualdad», sentencian.
La exigencia a Sacyl es clara: planificación, previsibilidad y respeto. AMEACYL reclama el fin del uso abusivo de estos contratos, la elaboración de calendarios ajustados a la ley y una equiparación real de derechos y salarios. «La Administración debe entender que, sin profesionales con derechos protegidos, resulta imposible ofrecer una sanidad pública de calidad a la ciudadanía», concluyen.
