La reforma laboral de 2022, concebida para reducir la elevada temporalidad y mejorar la calidad del empleo en España, ha logrado éxitos notables, con la tasa de contratos temporales en Castilla y León pasando del 25.2% en 2018 al 16.4% en 2024. Sin embargo, según el sindicato UGT, esta mejora ha destapado una nueva forma de fraude laboral por parte de las empresas, una práctica que explota el periodo de prueba de los contratos indefinidos.
Según datos de UGT, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 25.000 bajas laborales en Castilla y León de trabajadores con contrato indefinido por no superar el periodo de prueba. Este volumen de rescisiones ha disparado las alarmas del sindicato, que lo considera una «práctica habitual» que busca evitar el pago de indemnizaciones por despido.
La mecánica es sencilla: ante las limitaciones para firmar contratos temporales, las empresas optan por contratos indefinidos. Sin embargo, en lugar de asegurar la estabilidad laboral, utilizan el periodo de prueba como un salvoconducto para finalizar la relación laboral a coste cero, sin tener que justificar el despido ni pagar las indemnizaciones correspondientes a un contrato indefinido o temporal.
Lo que dice la Ley
El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 14, establece los límites del periodo de prueba:
- Técnicos titulados: Hasta 6 meses.
- Resto de trabajadores: Hasta 2 meses.
- Empresas de menos de 25 empleados: Hasta 3 meses para trabajadores no titulados.
UGT argumenta que, aunque la ley permite la extinción del contrato durante este periodo sin necesidad de indemnización, su uso masivo y sistemático para evitar el pago de costes laborales se convierte en un claro «fraude de ley».
Reacciones y demandas sindicales
Ante lo que UGT califica como una «lacra laboral», el sindicato ha hecho un llamamiento contundente a la Inspección de Trabajo. Demandan una actuación de oficio, con sanciones ejemplares para las empresas que incurren en esta práctica.
El objetivo de UGT es defender el derecho de los trabajadores a un empleo de calidad y con condiciones justas, una meta que ven amenazada por esta nueva forma de precariedad. El sindicato plantea preguntas retóricas que invitan a la reflexión: «¿para cuándo un periodo de prueba para los empresarios?» y «¿para cuándo una reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de periodo de prueba?».
El abuso del periodo de prueba afecta de manera desproporcionada a los colectivos más vulnerables del mercado laboral: jóvenes, mujeres y personas inmigrantes, que históricamente han sufrido las mayores tasas de temporalidad y precariedad. Para UGT, el fraude en el periodo de prueba no es solo una anécdota, sino una perversión de las relaciones laborales que socava los principios de la reforma laboral.
La defensa de un empleo digno
Esta práctica no solo perjudica a los trabajadores individualmente al dejarlos sin indemnización ni protección, sino que también debilita el espíritu de la reforma laboral, que buscaba justamente lo contrario: estabilidad en el empleo y calidad laboral. La denuncia de UGT pone de manifiesto que, a pesar de los avances legislativos, la vigilancia y el control son cruciales para asegurar que los derechos de los trabajadores sean respetados.
En un mercado laboral en constante evolución, donde las empresas buscan optimizar costes, la protección de los trabajadores a través de la Inspección de Trabajo se vuelve fundamental para garantizar que las leyes se cumplan y que la dignidad en el trabajo no sea una simple promesa. El futuro de la calidad del empleo en España dependerá de la capacidad de las autoridades para actuar con firmeza ante estas nuevas formas de abuso.
