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La demanda, pionera en la lucha contra la implantación de renovables a gran escala sin la previa adopción de medidas para la protección de la biodiversidad y sin la adecuada planificación y zonificación vinculantes, pretende llevar al Gobierno a establecer las bases necesarias, conjuntamente con el resto de las administraciones públicas, para una transición energética que no implique la destrucción y alteración de áreas de alto valor ambiental.
La iniciativa de este complejo proceso judicial se hace con cargo al Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica y de sus seis entidades promotoras (ADEGA, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Sociedade Galega de Ornitoloxía, Mesa Eólica de Las Merindades de Burgos, Bierzo Aire Limpio y la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos).
Se trata de la primera iniciativa judicial de carácter estatal que se promueve a través de esta iniciativa, que recaudó el pasado año más mil donaciones que alcanzaron los 49.000 € a través de una plataforma de micromecenazgo, superando el objetivo inicial de 40.000 €. El 9 de septiembre de 2022, tras haber anunciado el recurso en el mes de septiembre de 2021, las entidades promotoras formalizaron el recurso ante el Tribunal Supremo, tras requerir el tribunal hasta por tres veces al Gobierno la aportación completa del expediente. La entidad que actúa en nombre de la iniciativa es la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.
El equipo jurídico que se hace cargo de este proceso está formado por las abogadas ambientalistas Mª Ángeles López Lax, Olga Álvarez y Mª Luz Ruiz Sinde, integrantes del grupo de juristas que asesoran al Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica.
Es objeto de la demanda que se presenta es el acuerdo del Consejo de Ministras y Ministros del 16 de marzo de 2021, por el que se adoptó la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formuló la declaración ambiental estratégica del plan y la Zonificación ambiental para de energías renovables: eólica y fotovoltaica. La nulidad de dichos actos y disposición reglamentaria se basa en esencia en distintos motivos, según se argumenta en la demanda.
