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Así lo señala el presidente de CSIF de Castilla y León, Carlos Hernando, que califica el escrito de “deber pendiente y cumplido”, y confía en que “esta petición unánime desde Castilla y León, de la Junta y de los sindicatos” favorezca que el Gobierno central desbloquee y autorice a las autonomías la aplicación de la jornada de 35 horas a sus empleados públicos, sumando así la voz de Castilla y León a las de otros gobiernos autonómicos, que también reclaman poder recuperar esa jornada, con el apoyo de los sindicatos”.
Hernando espera que además de la carta que se envíe al ministro de Hacienda y Función Pública, con la que la Junta cumple el compromiso alcanzado hace más de un año con los sindicatos, “el Gobierno regional mantenga una exigencia firme y activa ante Gobierno de España, en la recuperación de los derechos perdidos de los empleados públicos, conforme al espíritu del Acuerdo Marco que firmamos los sindicatos con la Junta”.
En el escrito acordado y firmado ayer martes 24, por el consejero de Presidencia y los sindicatos (entre ellos CSIF) para remitir al Gobierno, se reclama “de forma inmediata” la recuperación de la jornada de las 35 horas y de otras peticiones, como son el pago del 100% de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, o que las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año.
El escrito insta al Gobierno a llevar a cabo, “a la mayor brevedad posible”, las modificaciones normativas necesarias “para que se pueda emprender la recuperación de derechos de los empleados públicos de Castilla y León, con el objetivo de seguir prestando unos servicios públicos de calidad contrastada, como son los proporcionados por nuestra Comunidad, gracias al esfuerzo de sus empleados públicos”.
La carta también se aprovecha para recordar la importancia que para Castilla y León tiene, debido a su amplia extensión territorial, la retirada de la tasa de reposición de las ofertas de empleo público, tal y como solicitó Castilla y León en la conferencia de presidentes autonómicos del pasado 17 de enero. Una tasa que limita la creación de empleo estable, muy especialmente en los servicios esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, según se indica en la carta que comparten sindicatos y el Gobierno regional.
Este escrito dirigido al Gobierno de España era uno de los compromisos de la Junta en el Acuerdo Marco que se firmó con los sindicatos a finales de 2015, para la recuperación de los derechos perdidos de los empleados públicos a lo largo de la legislatura 2015-2019. Una carta que ha retrasado la Junta más de un año, a la espera de la constitución del Gobierno.
