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Estas obligaciones forman parte de una serie de medidas desarrolladas por la Comisión Europea para luchar contra la tala ilegal en los bosques y contra el comercio asociado, que se recogen en dos Reglamentos de aplicación inmediata. Por un lado está el ‘Reglamento FLEGT’, destinado a la conformación de acuerdos voluntarios entre la UE y países exportadores de madera, que garanticen que la madera y sus productos proceden de aprovechamientos legales y sostenibles. Por otro lado está el ‘Reglamento EUTR’, que completa al anterior, para alcanzar no solo al resto de países, sino también a los bosques de la propia Unión Europea.
España desarrolló estas normas mediante el Real Decreto 1088/2015 y en 2018 elaboró un Plan Nacional de Control, encomendando a cada comunidad autónoma que elaborara su propio Programa de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada, adaptado a las características propias de los sectores implicados. La Comunidad de Castilla y León cuenta con su programa desde el 15 de noviembre de 2019, que está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, fácil de encontrar realizando la búsqueda “EUTR JCYL”.
En el año 2020 se presentaron 86 declaraciones responsables en Castilla y León y hasta la fecha solo se han presentado 25.
Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se recuerda a todos aquellos agentes del sector de la madera implicados por estas normas, es decir, a aquellos que introducen por vez primera en el mercado interior madera o sus productos, que deben efectuar sus declaraciones hasta el 31 de marzo, inclusive, a través de la aplicación web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación https://servicio.mapama.gob.es/eutr , cuyo acceso es gratuito.
Posteriormente se llevarán a cabo controles e inspecciones que, en caso de infracción, podrían dar lugar a sanciones de hasta un millón de euros, incautación de la madera o los productos o prohibición de comercialización, en aquellos supuestos de mayor gravedad.
