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CSIF ha iniciado una campaña de reclamación individualizada, pensada para los 2.701 funcionarios afectados -ya han participado más de 1.200-, por la que el interesado remite una carta a la Consejería de Presidencia, en la que se requiere la publicación oficial del concurso a la mayor brevedad posible, advirtiendo al consejero de que una vez firmada la propuesta de resolución definitiva -se hizo el pasado 3 de octubre-, los listados de las adjudicaciones deben aparecer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
En la carta que remiten los funcionarios, se dice también que la Junta no puede ampararse en supuestas decisiones judiciales, para no publicar la resolución definitiva del concurso, puesto que ya hay un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Valladolid, en el que se deniega la medida de la suspensión cautelar del concurso, ante un recurso del colegio profesional de ICCP.
Para CSIF, la aparición de un nuevo auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valladolid, que suspende la resolución de un recurso de los letrados de la Junta, hasta que no se aclare la legalidad del catálogo de puestos tipo y la nueva RPT y que, por tanto, podría afectar a algunas plazas del concurso, “no es motivo para anular y no publicar el listado de las adjudicaciones del concurso”.
Es más, CSIF dice a la Junta que “sabe perfectamente, en todo caso, los puestos que podrían quedar anulados por los recursos, si la Justicia así lo decidiese, y que apenas son 150 de un total de 3.000 puestos”. Por ello, CSIF insiste en que debe primar el interés general y, por tanto, “la Junta tiene que publicar las adjudicaciones del concurso, pudiendo evitar -si así lo considera- las plazas que pudieran quedar anuladas, pero sin perjudicar al conjunto de los funcionarios que esperan el concurso desde hace muchos años, y que sufren graves perjuicios económicos y familiares por el retraso”.
CSIF recuerda que, en el concurso abierto y permanente, han participado casi 4.900 funcionarios, para un total de 5.541 plazas ofertadas, de las que 2.701 ya se han adjudicado de manera provisional. CSIF asegura que sería “un completo despropósito, y una locura empezar de cero, otra vez, y anular un concurso que ha tardado cuatro años, en el que hay detrás tantas historias personales de empleados “que no pueden esperar más, que llevan años esperando”.
Por provincias, en Ávila se han adjudicado provisionalmente 156 plazas, en Burgos 264, en León 332, en Palencia 203, en Salamanca 244, en Segovia 156, en Soria 171, en Valladolid 992 y en Zamora 183. Esto supone que el retraso de la publicación definitiva del concurso afecta a casi la cuarta parte de los funcionarios de la Junta de Castilla y León.
Mariano Prieto, presidente del sector de Administración General de la Junta de Castilla y León de CSIF, indica que el Estatuto Básico del Empleado Público (más conocido por EBEP) establece que los empleados públicos tendrán un concurso anual de traslados, y que la Junta de Castilla y León no ha sido capaz de cumplir. Esto es de por sí llamativo, porque el personal laboral dispone de 4 resoluciones anuales, es decir, de hasta cuatro oportunidades para cambiar la ubicación de su puesto de trabajo. Algo que no se viene cumpliendo en la administración regional desde hace años.
Prieto denuncia que aprobar una oposición de la Junta de Castilla y León, “lo que supone una alegría inicial, puede convertirse en una larga condena, en una de las regiones más extensas de Europa. Aprobar una oposición y que te destinen, por ejemplo, a Soria siendo de León, o a cualquier otro destino de las provincias de la Comunidad, imposibilitándote el derecho de tener -al menos- la oportunidad de acercarte a tu localidad de origen, y que ese derecho se vea retrasado cuatro, cinco y hasta 11 años, es atacar directamente la dignidad, la conciliación de la vida laboral y familiar, el bolsillo de los funcionarios, y también agravar el problema demográfico y de despoblación de Castilla y León”.
EJEMPLO REAL DE LOS PERJUICIOS PERSONALES
Mariano Prieto pone el ejemplo de un administrativo que empezó a trabajar en la Administración de la Junta hace 13 años en su destino inicial de Vitigudino (Salamanca), teniendo su domicilio y familia en León. Durante 9 años no le quedó más remedio que permanecer allí hasta que salió un primer concurso de traslados, consiguiendo ir a Valladolid, pero no a León. Con este cambio, el empleado se ahorraba cerca de una hora, en un trayecto que se acerca a las 3 horas.
Desde hace cuatro años espera volver a concursar para poder residir con su familia y, cada mes, debe soportar los gastos de su domicilio leones y el alquiler del piso en Valladolid (unos 500 euros), electricidad, gas, agua y teléfono (unos 250 euros), más los gastos de viaje los fines de semana. A este empleado público le cuesta cada mes más de 900 euros que la Junta no saque el concurso, como es su obligación, sin contar que su vehículo ya está pidiendo una renovación.
“Desgraciadamente, son muchísimos los casos como este que se viven en la Administración autonómica de Castilla y León, cada uno con sus peculiaridades, pero con un denominador común, el funcionario está sufriendo un desgaste personal, familiar y económico, que si la Junta hiciera su trabajo, y lo hiciera en tiempo, no tendría que soportar”, lamenta Prieto.
