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CSIF propone mejorar la transparencia en la Función Pública a la Junta de Castilla y León

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado al consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Alfonso Igea, una propuesta con ocho asuntos para mejorar la transparencia del nuevo Gobierno regional en materia de Función Pública, “en esta nueva etapa en la que, esperamos, aporte un aire fresco en la gestión, y renovadas actitudes”. CSIF reclama más claridad y acceso a la información en cuestiones como las relaciones de puestos de trabajo (RPT), las comisiones de servicios, las promociones internas temporales, la Mesa General de Negociación de los empleados públicos, la productividad y gratificaciones extraordinarias (bufandas), el personal temporal e interino, la falta de convocatorias de bolsas abiertas y permanentes, o las retribuciones de alta dirección.

 “La transparencia se ha convertido, hoy en día, en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en presupuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa”, señala el presidente del sector autonómico de la Administración General de la Junta, Mariano Prieto, en el escrito remitido a Igea este primero de agosto.

   “El éxito de las políticas de transparencia depende de que la información sea accesible y disponible para todos los usuarios. Una política pública es transparente si es comprensible, si la información está disponible, si se garantiza el derecho de acceso a la información pública, si se salvaguarda la protección de datos personales de solicitantes, si la rendición de cuentas es clara, y si los ciudadanos saben qué papel desempeñan en dicha política”, explica CSIF. “En definitiva, se trata de posibilitar que la ciudadanía conozca la información que sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad pública”, concluye Prieto.

Estos son los ocho asuntos que más preocupan a CSIF, por la falta de transparencia:

  1. Relaciones de Puestos de Trabajo.

En la anterior legislatura se publicó un Catálogo de Puestos de Trabajo (RPT), para los funcionarios de la Junta de Castilla y León, que generó mucha controversia, siendo en muchos casos recurrido, y estando pendiente de numerosas resoluciones judiciales.

  CSIF propone que la Consejería de Transparencia adopte medidas tendentes a que se faciliten las RPTs, con indicación de si estos puestos se encuentran vacantes o no, y si están ocupados por personal interino o temporal

  1. Comisión de Servicios.

Esta es una materia de las denominadas inaccesibles, según CSIF, “ya que la adjudicación de estos puestos tiene un carácter marcadamente discrecional y de clientelismo político, sobre todo, los de más rango de la Administración”.

  El sindicato independiente propone establecer un procedimiento que permita acceder públicamente o por vía telemática a todas las plazas de funcionarios vacantes, paso previo para   que los funcionarios las puedan solicitar, “en comisiones de servicios, a través de un procedimiento negociado en la Mesa General de Negociación que se cumpla con los requisitos igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. Luego, se deberán publicar esas comisiones de servicios concedidas.

  1. Promoción interna temporal.

“Los funcionarios públicos de la administración de la Junta somos los únicos que no tenemos la posibilidad de promocionar temporalmente a otros puestos de superior grupo profesional, como sí dispone el personal que trabaja en los centros dependientes de SACYL. Asimismo, el personal laboral tiene recogido en el artículo 17 del convenio colectivo la movilidad funcional con cambio de grupo”, apunta el sector de la Administración General de CSIF en Castilla y León.

Por ello, solicita que se convoque la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario y se remita un borrador de Orden, “que tenga por objeto aprobar las bases comunes del procedimiento regulador de la cobertura, con carácter temporal, de las plazas de personal funcionario dependientes de los servicios territoriales y periféricos de esta Administración, por el sistema de la promoción interna temporal”.

  1. Mesa General de Negociación

A través de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León se tiene que facilitar toda la información relativa a Ofertas de Empleo Público, como lo son las jubilaciones de los empleados públicos, con indicación del número, cuerpo o escala de pertenencia, y sector al que estaban adscritos, “a efectos de conocer todas las plazas objeto de oferta, como viene siendo habitual en algún sector como Educación, pero que en cambio en colectivos como la administración general se viene “escondiendo”..

  1. Productividades y gratificaciones (bufandas)

Estos conceptos retributivos no se están facilitando por la Administración y, en todo caso, se oculta de tal forma que ni los representantes de los trabajadores, a través de las Juntas de Personal y Comités de Empresa, reciben ninguna información al respecto, denuncia CSIF.

  “Debemos conocer qué se hace con estas retribuciones, quién las recibe y qué cantidad mensual, y si ese cobro se corresponde con una mejora en la calidad del trabajo o acumulación de tareas”, remarca la organización sindical independiente.

  1. Personal temporal e interino

La falta de ofertas de empleo público de los últimos años, la de 2018 está pendiente de convocar, ha generado que para un mejor desarrollo de los servicios públicos se haya contratado numerosos interinos y personal temporal, que llevan acumulados muchos años de trabajo. Esta situación ha generado en algunos centros de la Junta de Castilla y León tengan plantillas con más de un 75% de personal temporal e interino, asegura CSIF.

   Es necesaria la publicación de los listados necesarios de todo el personal en esta situación, con indicación del área geográfica a donde están adscritos, “que nos permita conocer la situación de este personal. El ocultismo no es entendible ni por los ciudadanos ni por los empleados públicos”.

  1. Falta de convocatoria de bolsas de empleo permanentes.

   El Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el que se regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos (BOCYL 30-07-2018), deroga las normas de gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo para la selección de personal temporal, que se han desarrollado por la Orden PAT/384/2007, de 9 de marzo, en el caso del personal funcionario interino, y por la Orden PAT/385/2007, de la misma fecha, en el caso del personal laboral temporal. Hasta que se pongan en funcionamiento las bolsas previstas en el presente decreto, la selección de personal funcionario interino y personal laboral temporal se efectuará atendiendo a las bolsas de empleo existentes, que seguirán rigiéndose por la normativa conforme a la cual fueron constituidas, relata CSIF.

   Pero, “hoy en día, muchas de las bolsas están agotadas por falta de candidatos, lo que obliga a acudir al ECYL a contratar, algo incomprensible”. Por este motivo, CSIF reclama que, a través de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se inste, a través de la Dirección General de la Función Pública, a convocar, sin más demora, todas las bolsas de empleo de personal funcionario interino y laboral temporal.

  1. Retribuciones de alta dirección

Existen todavía empleados públicos que están percibiendo en concepto de otras retribuciones complementarias y gratificación por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal, explica CSIF. Importantes cantidades que no se publican, ni se conocen si están consolidadas o no, en virtud de contratos de alta dirección, “que deberían conocerse y saberse”. Se emiten resoluciones de las distintas Consejerías, “pero no se publican los motivos de estos sobresueldos, ni la motivación o explicación de su abono. Y la Junta, si quiere ser transparente y no tiene nada que ocultar, debe darlos a conocer, porque puede ser un colador de clientelismo político y de corrupción”, considera CSIF.

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