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La Renta Garantizada de Ciudadanía ya no es solo una prestación económica destinada a paliar las necesidades básicas de las personas más vulnerables; en los últimos años, se ha convertido en una herramienta eficaz y fundamental para favorecer de forma significativa la incorporación de las personas más vulnerables al mercado laboral, lo que implica dar una oportunidad para salir de la exclusión.
Esta es una de las principales conclusiones que arroja el análisis de la evolución de esta prestación en estos últimos años, balance que ha presentado esta mañana la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.
Actuaciones relevantes estos años que han mejorado la Renta Garantizada
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que en la actual legislatura se han desarrollado actuaciones de relevancia encaminadas a reforzar y mejorar la Renta Garantizada de Ciudadanía con tres momentos claves, todos ellos dentro de los acuerdos con el Diálogo Social: en 2016, la aprobación de un Decreto-Ley con importantes mejoras en esta prestación; en 2018, la aprobación de la Ley de Red de Protección; y, la pasada semana, la aprobación de un Decreto que unificó en un solo texto las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación.
Entre las mejoras realizadas esta legislatura en la Renta Garantizada de Ciudadanía, las más destacadas han sido la ampliación de los supuestos de compatibilidad con otras prestaciones; la flexibilización de los requisitos de acceso; la mejora del procedimiento de concesión con el reconocimiento al derecho desde el mes siguiente a la solicitud y la reducción a un mes de la suspensión en caso de determinados supuestos de incumplimiento por parte del perceptor; la mejorado de la inserción laboral de los beneficiarios, facilitando que vuelvan a percibirla de forma automática si les finaliza el empleo y facilitando que, en caso de refugiados y asilados, pueda ser percibida a través de terceras personas.
Evolución de los datos de la Renta Garantizada esta legislatura
A pesar de haberse flexibilizado y mejorado las condiciones de acceso para que más personas pudieran optar a ser perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía en caso de necesitarlo, la realidad de los datos indica que en estos últimos cuatro años han sido menos los ciudadanos que han necesitado esta prestación, bajando tanto las solicitudes como los titulares y beneficiarios.
En este sentido, se ha producido un descenso del 40 % en el número de solicitudes, pasando de las 8.584 personas que la solicitaron en 2015 a las 5.134 que lo hicieron en 2018, reducción que puede deberse a la mejora en el acceso al empleo.
De igual forma, han descendido en los últimos años los titulares de la prestación un 10,6 %, pasando de los 11.813 titulares en 2015 a los 10.557 en 2018. El 87 % de estos titulares son estructurales y tienen mayor vulnerabilidad y más persistente y el 13 % son coyunturales. Estos descensos coinciden en el tiempo con la mejoría de los datos del mercado laboral y con el descenso de la pobreza más severa.
Si tenemos en cuenta los beneficiarios totales de la prestación -ya que un titular puede ser beneficiario único o tener una familia y la prestación beneficia a toda la familia-, también baja el número de beneficiarios en coherencia con la bajada en los titulares. En este caso descienden un 17 % las personas que han necesitado ser beneficiarias de esta prestación, pasando de los 29.308 en 2015 a los 24.401 en 2018.
Otros datos relevantes son los que señalan que la cuantía promedio de la prestación es de 536,67 euros al mes por titular, situándose la cuantía básica en los 430,27 euros si es un titular beneficiario único o en los 699,19 euros si es titular con familia. En los últimos cuatro años se han proporcionado más de 500.000 ayudas de Renta Garantizada, cantidad que resulta de multiplicar cada titular perceptor por cuatro años y por 12 pagas cada año. Esto supone 139.000 ayudas de media cada año.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destinado a esta prestación esta legislatura 300 millones de euros. En 2018, a pesar de que se habían presupuestado 79 millones, ha sido el primer año en el que el presupuesto ha descendido debido a los descensos anteriormente señalados y finalmente se han ejecutado casi 72 millones de euros.
Como referencia, desde que se puso en marcha esta prestación en 2011, han sido cerca de 79.000 los ciudadanos que se han beneficiado de ella, que corresponden a 33.116 titulares, y el gasto total destinado a la misma por parte de la Junta ha sido de 470,1 millones de euros.
En lo referente al perfil de los titulares, destaca que el 28,3 % tienen entre 36 y 45 años; el 62,4 % vive en el medio urbano, el 58 % son mujeres y el 57,3 % son titulares con cargas familiares. El 88,5 % de los titulares son españoles y el 11,5 % extranjeros, principalmente de países como Marruecos, Bulgaria, Rumanía o Colombia.
La Renta Garantizada como oportunidad de integración laboral
En estos últimos años, la Renta Garantizada de Ciudadanía ha destacado no solo como una prestación social económica orientada a cubrir las necesidades básicas para las personas más vulnerables, sino como una efectiva y fundamental herramienta para ofrecer una posibilidad y una oportunidad a esas personas de salir de la vulnerabilidad o de la exclusión social a través del empleo.
En este sentido, uno de los datos más significativos que arroja la evolución de la Renta Garantizada de Ciudadanía en esta legislatura es su eficacia para la inserción laboral. De esta forma, desde 2015 se viene produciendo un incremento constante en el número de perceptores de Renta que han encontrado trabajo y que, por consiguiente, han podido abandonar la Renta Garantizada. En 2015 fueron 2.356, en 2016 y 2017 más de 3.000 y en 2018 fueron 3.360.
Destacan especialmente los datos de este último año, en el que la integración en el mercado laboral ha sido más acusada. En 2018 uno de cada tres perceptores de Renta Garantizada encontraron un empleo, es decir, 3.360 de los 10.557 perceptores. Esto supone un 43 % más de personas las que encontraron un trabajo en 2018 frente a 2015 y salieron de la renta, 1.006 personas más.
Estos resultados están siendo posibles gracias a los programas desarrollados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través de los itinerarios de inserción socio-laboral para personas en riesgo de exclusión, a la contratación de estos perceptores de Renta por empresas y entidades sin ánimo de lucro, a la contratación y formación de jóvenes en riesgo incluidos en garantía Juvenil, a las subvenciones a entidades del tercer sector para financiar programas de inserción y orientación laboral, o a las contrataciones por parte de las corporaciones locales.
A esto se suman el resto de políticas de la Junta de Castilla y León en materia de apoyo a las familias más vulnerables y los programas de la Red de Protección, que han supuesto una reducción de los datos de pobreza en la Comunidad, de hogares con carencia material severa o de pobreza energética.
En este sentido, los datos en Castilla y León indican que en 2017 se redujo la tasa de riesgo de pobreza 2,3 puntos hasta el 15,4 %, lo que supone estar 6,2 puntos por debajo de la media nacional; que Castilla y León es la tercera comunidad con menor tasa de hogares con carencia material severa y la segunda con menor tasa de niños en hogares con privación material severa, a lo que se suma la reducción en la tasa de población que vive en un hogar con baja intensidad en el trabajo, reduciéndose en cinco puntos pasando del 14,2 % al 9,2 %
Junto a esto, y según el último Informe disponible sobre Rentas Mínimas de Inserción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que hace referencia a datos de 2016, la Renta Garantizada de Castilla y León destaca en varios aspectos respecto al resto de comunidades autónomas: respecto de su cuantía mínima, estaba en 2016 por encima de la media nacional, con 426 euros (que han subido ya a 430,27 euros en 2018 debido a las últimas mejoras reseñadas anteriormente) frente a los 410,25 euros de España, un 3,8 % por encima y, respecto de la cuantía máxima, Castilla y León estaba en este informe de 2016 por encima de la media nacional con 692,26 euros (que han subido ya a los 699,19 euros en 2018 debido a las últimas mejoras reseñadas anteriormente) frente a los 658,38 euros de media en España. Al mismo tiempo, Castilla y León es la tercera comunidad en gasto anual por titular con 4.844,63 euros, muy por encima de la media nacional, con 3.571,45 euros. Castilla y León destina 1.273 euros más que la media nacional por titular al año, un 36 % más. Incluso teniendo en cuenta País Vasco y Navarra, Castilla y León es la quinta comunidad en gasto anual por titular, con 4.844,63 euros, muy por encima de la media nacional de 3.835,15 euros. Castilla y León es la quinta comunidad en la que más personas dejan la Renta por incorporarse al mercado laboral y la tasa de cobertura en Castilla y León de los insertados laborales respecto de los beneficiarios es del 8,20 %, frente al 4,39 % nacional.
Por último, Alicia García ha puesto en valor el consenso, la cooperación y la labor conjunta con los agentes del Diálogo Social, con las entidades del tercer sector y con las entidades locales, un trabajo que se gestiona, desarrolla y beneficia a la población a través de la Red de Protección de la Comunidad.
