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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, han firmado esta mañana el convenio de colaboración para la ejecución de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017 del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. Esta prórroga contempla una financiación conjunta de 24.329.916 euros. La partida más importante ha ido destinada a las ayudas al alquiler, con 14,7 millones de euros, que la Junta ya convocó el pasado mes de mayo.
Ambas administraciones han sellado esta mañana el compromiso adquirido en septiembre del año pasado de ampliar la vigencia del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 hasta el 31 de diciembre de 2017. El convenio mejora la financiación del Estado, pasando de los 13 millones previstos inicialmente a los 18,7 que al final se han materializado en el acuerdo firmado hoy. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aportará a la política de vivienda los 5,6 millones restantes, uno de los grandes compromisos suscritos por la Junta de Castilla y León con los agentes sociales en el marco del Consejo del Diálogo Social.
El presupuesto final de 24,3 millones de euros disponibles para ejecutar la política de vivienda en Castilla y León en 2017 se distribuye de la siguiente manera: la partida más importante, 14,7 millones de euros, se ha destinado a las ayudas al alquiler, convocatoria que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ya publicó el pasado mes de mayo, con prioridad para los colectivos más vulnerables; el programa de rehabilitación edificatoria, para comunidades de propietarios y propietarios de edificios, dispone de 7,3 millones de euros, y al igual que las ayudas al alquiler también fueron convocadas el pasado mes de mayo; otros 2,2 millones de euros se destinan al programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y finalmente 62.350 euros para el programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación del edificio.
Política de Vivienda
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León es el resultado de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales en el marco del Diálogo Social. La prioridad es el fomento del alquiler, concretado en primer lugar, en el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas. Este año el presupuesto para ayudas ha ascendido a 14,7 millones frente a los 11,3 de la convocatoria anterior. Las ayudas se complementan con la creación de un Parque Público de Viviendas en alquiler, entendido como servicio público de interés general, que actualmente cuenta con más de 1.700 viviendas.
El segundo gran eje de la política de vivienda es una decidida apuesta por la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, concretada a su vez, en la aprobación de la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León como marco unificado y coherente de actuación, y en la continuación de la ejecución de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARU) que se está llevando a cabo en las diferentes provincias de Castilla y León.
Propuestas para el Plan de Vivienda 2018-2021
Ambas administraciones han venido negociando también las líneas maestras del próximo Plan de Vivienda 2018-2021 que incrementa el protagonismo de las ayudas al alquiler, con una línea específica para los jóvenes, para mayores de 65 años y para aquellas personas afectadas por los desahucios, a la vez que mantiene el apoyo a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana y seguir impulsando las medidas a favor de la accesibilidad y adaptación de las viviendas a las necesidades de las personas mayores y las personas con discapacidad.
Suárez-Quiñones ha planteado la inclusión de nuevas líneas de ayuda a la rehabilitación en el medio rural, necesitado de medidas de asentamiento de población y actividad económica.
Castilla y León ha planteado también que las nuevas ayudas que se concedan en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 estén exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al entender que la fiscalidad no es incentivadora, especialmente en las actuaciones de rehabilitación.
Estas consideraciones asumidas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente son fruto también de las aportaciones de los agentes económicos y sociales representados en el Consejo del Diálogo Social, así como del sector, a través de la Agrupación Empresarial Innovadora de Construcción Eficiente, AEICE, y del Foro de la Rehabilitación.
