Así lo confirmó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras concluir sin consenso la última reunión del diálogo social con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
«La patronal se queda sola», declaró Pérez Rey, criticando su negativa a participar en un cambio que considera una «evolución lógica de los tiempos».
Tras casi un año de negociaciones sin resultados significativos, el Ministerio de Trabajo se prepara para abrir una consulta pública como primer paso. Simultáneamente, buscará el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO para definir los detalles de lo que califican como «el proyecto legislativo más relevante de la legislatura».
Aunque el acuerdo entre PSOE y Sumar contemplaba una implementación gradual, comenzando con una jornada de 38,5 horas en 2024, el Ministerio ha decidido avanzar directamente hacia las 37,5 horas en 2025.
Pérez Rey justificó esta decisión afirmando que «se sacrificó ese escalón en favor del diálogo social». Además, defendió que Trabajo ha realizado un esfuerzo constante en la mesa de negociación durante 11 meses, describiendo el proceso como una «orfebrería negocial».
Desde las organizaciones empresariales, abogan por acuerdos específicos en cada sector o empresa, pero el Gobierno optó por legislar la medida.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ya adelantó que se legislaría sobre la reducción de jornada, asegurando que la reforma estará en vigor «antes de que termine el próximo año».
Pérez Rey y los sindicatos han insistido en la importancia de garantizar el cumplimiento de la nueva jornada laboral mediante un registro digital efectivo. Además, subrayaron la necesidad de reforzar la legislación sobre la desconexión digital, protegiendo el tiempo personal de los empleados.
El secretario de Estado criticó duramente la actitud de las patronales, calificándola de «tomadura de pelo». Según él, estas no han presentado ni propuestas ni documentos alternativos, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para buscar soluciones como estímulos a la contratación, ayudas sectoriales y flexibilización en la distribución de horarios.
Para Pérez Rey, la negativa de los empresarios responde a motivos «ideológicos y partidistas», buscando no alinearse con las políticas laborales del Ejecutivo.
Desde la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la principal patronal a nivel nacional, respondió a estas acusaciones en una entrevista en ‘RNE’. Descartó que la negativa sea una cuestión ideológica y calificó la reforma de «ineficiente». «No es beneficiosa para el país, para el empleo ni para el bienestar social», aseguró.
