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El uso de la tecnología RAPS (Sistema de Aeronaves Tripuladas por Control Remoto) es relativamente nuevo en las actividades de rescate y seguridad. Sin embargo, los diferentes organismos públicos que gestionan las emergencias y la seguridad en sus distintas vertientes se están tomando muy en serio el uso de los drones como un recurso emergente en estos campos por su maniobrabilidad y rapidez de actuación.
Ahora bien, la popularidad de los drones no debe llevar a pensar que cualquier persona puede pilotar cualquier tipo de dron. El manejo de estas aeronaves exige estar en posesión de uno u otro tipo de certificado y licencia que acrediten haber superado las pruebas de conocimiento y las aptitudes prácticas que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) exige según sea el tipo de dron y la actividad a realizar, tal y como establecen el Real Decreto 1036/2017, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y el Reglamento de la UE 2019/947 relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas.
La Agencia de Protección Civil y Emergencias no quiere desaprovechar la versatilidad que ofrecen los drones para convertirlos en un recurso más que auxilie en sus funciones de coordinación del sistema de Protección Civil de Castilla y León.
Con el foco puesto en que la tecnología empleada por estos vehículos no tripulados puede servir para mejorar la planificación de las actuaciones de emergencia y la coordinación de los recursos intervinientes, ha dispuesto que 28 trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León (CCE), del Grupo de Rescate y Salvamento y de la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE) obtengan la certificación de la AESA que les acredita como piloto a distancia de drones en las modalidades de categoría abierta A1/A3 y categoría específica en escenarios estándar nacionales (‘STS-ES’).
Las empresas adjudicatarias de los contratos administrativos que sustentan dichas unidades operativas de las emergencias de Castilla y León ya cuentan con la certificación que las acredita como operadoras de drones, por lo que la Agencia de Protección Civil y Emergencias trabajará para identificar las situaciones críticas en las que los drones pueden ayudar de manera solvente, y aprovechará las buenas prácticas en el uso de estas aeronaves no tripuladas que ya se han demostrado eficaces en la gestión de las emergencias en otros territorios y por otros organismos para aplicarlas a Castilla y León.
Aplicaciones de la tecnología
Así, esta tecnología se empleará como ayuda en el diseño de los planes de emergencia o apoyo a los equipos de lucha contra el fuego, tanto en los trabajos de prevención como de extinción, aprovechando virtualidades como su visión dentro del denso humo.
Asimismo, los drones colaborarán en el rescate de personas, ya que pueden llegar a lugares remotos o de difícil acceso y recorrer una amplia extensión de terreno en un tiempo muy rápido, aportando información exacta de dónde se ha producido el incidente y dónde están las posibles víctimas gracias a los sistemas GPS y geolocalización o a los sensores infrarrojos y térmicos que llevan incorporados.
Otras de las aplicaciones son la de guía de las personas desorientadas, una de las emergencias que con gran frecuencia se atiende desde el 1-1-2; transporte de medicamentos, alimentos u otros bienes de primera necesidad a las zonas afectadas por una catástrofe; labores de vigilancia y seguridad sobre las grandes concentraciones de personas, o apoyo en la coordinación de las situaciones de emergencia, evitando así poner en peligro vidas humanas.
Prácticas como las enumeradas, que ya están testadas, evidencian que los drones deben convertirse en un recurso más del sistema de Protección Civil porque realmente tienen la posibilidad de proteger a las personas, los bienes y el entorno e, incluso, salvar vidas, cuando son utilizados de forma responsable por pilotos preparados para su manejo.
