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La Junta de Castilla y León pone a disposición del sector agrario y agroalimentario, estratégico en la Comunidad, las herramientas necesarias para hacerlo más competitivo en un mercado cada vez más globalizado. De este modo, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha diseñado el nuevo Mapa de Infraestructuras Agrarias con tres objetivos claros: crear riqueza en el sistema agrario y agroalimentario y mejorar tanto el desarrollo socioeconómico como el medioambiental de las zonas rurales. El regadío y la concentración parcelaria han sido y siguen siendo uno de los pilares estratégicos del desarrollo rural y del equilibrio territorial, un nuevo modelo de trabajo que contará con una inversión superior a los 610 millones de euros en la Comunidad.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha presentado esta mañana el Mapa de Infraestructuras Agrarias para el campo burgalés, que contará con una inversión superior a los 39,2 millones de euros, con el cual se planifican de manera ordenada y transparente las concentraciones parcelarias y sus infraestructuras rurales, la modernización de regadíos y los nuevos regadíos de 3.034 explotaciones, que suponen más de 40.000 hectáreas en la provincia.
El Mapa de Infraestructuras Agrarias presentado hoy en Burgos mejorará la productividad y la competitividad del sector agrario de la provincia corrigiendo desequilibrios, especialmente en las zonas más desfavorecidas o con limitaciones; mejorando la rentabilidad de las explotaciones mediante un uso más eficiente de los medios de producción; y diversificando las producciones y mejorando su calidad, con la finalidad de adecuarse a las necesidades de los mercados. Mejorará, también, el nivel de vida de los agricultores al incrementarse la productividad, la competitividad y la renta agraria de sus explotaciones. Persigue, además, convertir el sector agrario en un sector atractivo para los jóvenes y mejorar el acceso de la mujer, así como potenciar el desarrollo de la industria agroalimentaria. El número de incorporaciones de jóvenes en zonas modernizadas es un 40 % superior y la inversión privada de los agricultores es un 36 % mayor.
Esta planificación ordenada de las infraestructuras agrarias, la modernización de los regadíos y los nuevos regadíos tiene, además, beneficios ambientales como la mejora de la eficiencia del uso del agua –se reduce hasta un 20 % el consumo-; el ahorro energético; la reducción de la contaminación difusa en aguas subterráneas y superficiales en más del 30 %, lo que contribuye a la sostenibilidad de la actividad agraria y al ahorro de productos fitosanitarios –entre un 25 % y un 30 % en el abonado nitrogenado-; así como la disminución del consumo de fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero.
