El Ministerio para la Transición Ecológica ha derivado ante la Fiscalía de Medio Ambiente las actuaciones relativas a las lesiones sufridas por la orca Toñi, el ejemplar más veterano catalogado en la subpoblación del Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz. El expediente judicial se abre tras confirmarse la presencia de múltiples perforaciones por disparos de perdigones en su aleta dorsal, un impacto catalogado como infracción penal grave dada la protección legal que ampara a esta especie en aguas comunitarias.
Las investigaciones de las autoridades ambientales sitúan la agresión en aguas bajo jurisdicción portuguesa, atribuyendo la responsabilidad del disparo a una embarcación con bandera española. La administración española coordina actuaciones con los servicios de inspección marítima del país vecino para la identificación de la nave y la apertura de los expedientes sancionadores o penales pertinentes.
A pesar de las heridas registradas en las imágenes de seguimiento, la orca mantiene la actividad dentro de su grupo social. Las últimas observaciones de los biólogos marinos sitúan al grupo en aguas gallegas, constatando una evolución favorable en los tejidos dañados de la aleta.
Toñi, de 60 años de edad, ocupa la jerarquía de matriarca dentro del grupo de orcas ibéricas, una subespecie clasificada en estado de vulnerabilidad. Su rol biológico resulta clave para los investigadores que analizan la interacción de estas manadas con la navegación de recreo y pesca. Desde 2020, este colectivo de cetáceos ha protagonizado episodios sistemáticos de rotura de timones en veleros y barcos de menor eslora, una pauta de comportamiento que los biólogos atribuyen a hipótesis que van desde respuestas defensivas por colisiones previas hasta conductas de juego, entrenamiento para la caza del atún o dinámicas de aprendizaje transmitidas directamente por los ejemplares adultos.
