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Están totalmente a favor de la puesta en funcionamiento de este servicio. Es más, lo exigen, puesto que es una obligación de la Diputación. Pero consideran que la privatización de la gestión de este servicio esencial a través de un contrato de servicios es inadmisible en un servicio relacionado directamente con la seguridad de la vida de personas humanas y del ecosistema.
En la Memoria aprobada y propuesta para alegaciones se reconoce la clara la responsabilidad que tiene la Diputación de prestar este servicio, pero en ella introduce la fórmula de gestión privada del servicio: “la Diputación en todo caso siempre asumirá el papel de titular y garante de la prestación del servicio con calidad, con una selección de operadores privados mediante un procedimiento que asegure la concurrencia efectiva y publica de empresas”.
Se trata de garantizar una gestión 100% pública con bomberos profesionales funcionarios. Porque estan hablando no solo de apagar fuegos, sino de dar un servicio relacionado directamente con la seguridad de la vida de personas humanas y del entorno ecológico, porque sus acciones también incluyen actividades de rescate, tanto en el caso de accidentes de tráfico, como de catástrofes y otro tipo de desgracias. Un servicio público al que sus profesionales han accedido a través de oposición y tienen la consideración de autoridad, es una garantía.
Es perfectamente posible dotar de bomberos públicos profesionales para el servicio provincial. La Ley de Presupuestos Generales del Estado contempla una excepción en el caso del personal de extinción de incendios, permitiendo a las administraciones una tasa de reposición del 100%. El operativo de Valladolid, que es de gestión pública y con bomberos profesionales sostiene 5 parques y en este momento se está en proceso de contratación de 12 nuevos bomberos. La Ley se aplica por igual en León y en Valladolid. Si allí tienen una tasa de reposición del 100% y contratan 12 nuevos bomberos a mayores, entonces en León se pueden contratar 75. Es cuestión de voluntad política.
Los estudios realizados indican que son mucho más caros los servicios de extinción de incendios privados. La prueba la tenemos en Villares de la Reina (Salamanca), único parque de bomberos de “gestión indirecta” en la Comunidad, que al año recibe una subvención de 1.333.000 euros, corriendo la Diputación de Salamanca con los gastos generales del parque. Su parque gemelo, Tordesillas, que es público, sale con todos los gastos por 850.000 euros.
Salamanca, de gestión privada, tiene un coste por bombero y año de 55.000 euros, de los cuales la mitad son beneficio empresarias y tan solo el 50% sirve para pagar los servicios del operario.
En la gestión privada hay que tener en cuenta el beneficio de explotación de la empresa, así como también el coste del IVA, por lo que la gestión privada es más cara, dado que se destinan recursos al pago de una empresa en vez de dedicarlos a la mejora del servicio.
Realmente es voluntad política el tipo o modelo de gestión que se decide para el servicio. El modelo público y profesional no solo es más eficaz, sino que será más barato para la provincia.
Por eso, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo, ha propuesto, para llevar al pleno esa moción, que PP-PSOE-C’S parecen muy interesados en que no se debata, en la que piden dos aspectos clave:
1- Presentar en este mes, que hay plazo de alegaciones desde su publicación en el BOP, el 19 de julio de 2017, una alegación por escrito instando a la Diputación para que el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) sea gestionado públicamente 100%, es decir, de forma directa en su integridad, y no solamente la dirección, sino la totalidad del servicio.
2- Trasladar el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a la Diputación Provincial de León defendiendo este servicio como público en su gestión, ya que afecta a nuestro municipio, dado que el servicio público es más económico, seguro, eficaz y democratico como demuestran los estudios y los propios profesionales implicados y porque con la vida y la seguridad de la ciudadanía en un incendio no se puede pretender obtener beneficios empresariales.
