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CSIF denuncia que de una plantilla de 793 fijos-discontinuos que tiene la Junta en la campaña estival anti-incendios, sólo están operativos unos 70 el resto del año. Asimismo, lamenta que, de los 100 camiones de extinción repartidos en las nueve provincias, sólo están activos dos por provincia, que en el caso de Zamora hay uno más y en León tres más, por tener mayor riesgo de incendios.
CSIF se pregunta “qué hacen el 70% restante de camiones guardados en las naves, cuando el fuego no entiende de meses de verano o de invierno”. Y la prueba está en que, durante el primer trimestre de 2017, se han producido en Castilla y León más de 1.370 incendios. “Una cifra muy alta, que se puede justificar por la climatología adversa que estamos teniendo estos meses, con menos lluvias, temperaturas más altas y fuertes vientos”. Sin embargo, CSIF advierte que “la administración tiene que asumir que estas alteraciones climatológicas, por desgracia, cada vez están siendo más comunes, lo que exige una prevención y una dotación de recursos adecuados, para extinguir con eficacia los brotes de incendios y no dejar que se extiendan, o para investigar los incendios provocados y las denuncias presentadas”.
CSIF también denuncia que, a fecha de 31 de marzo, “todos los trabajadores que se encargan de las torres forestales de vigilancia están en el paro, otro ejemplo más de la deficiente gestión anti-incendios, porque la Junta se está ‘cargando’ las tres máximas que hay que tener en cuenta a la hora de apagar un incendio. La prontitud a la hora de detectarlo, que ayuda a su extinción; la contundencia con la que hay que apagarlo en los primeros instantes; y la experiencia y continuidad en el operativo, que mejora la extinción”.
Según CSIF, la Dirección General del Medio Natural “impide la prontitud de la localización del incendio, al tener las torres sin sus trabajadores; la contundencia en el primer ataque al fuego, al tener parados el 70% de los camiones de extinción en las naves; y la experiencia y continuidad de los trabajadores de extinción de incendios a lo largo del año, que tienen que realizar otras labores forestales”.
“Con esta política, Medio Natural está permitiendo que el incendio se vea más tarde, haya menos medios para su extinción, y los trabajadores tengan menos experiencia, aumentando el peligro para ellos”, considera CSIF.
“El resultado de esta mala gestión es más hectáreas quemadas, jornadas más largas para los trabajadores que extinguen el fuego, desplazamientos del personal a cientos de kilómetros, o más retrasos en la actuación, por no contarse con un operativo”.
GUARDIAS DE INCENDIOS
El sindicato independiente CSIF critica la práctica habitual en la que se ha convertido “el traslado obligado de agentes medioambientales de las guardias de incendios de unas comarcas a otras, con más déficit de personal, sin compensaciones y sin respetar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores afectados”.
Una “manera de cubrir el grave déficit de personal en situaciones de emergencias que no resuelve el problema, y que sólo es una imposición a golpe de real decreto que agrava el malestar entre los agentes medioambientales, que se ven obligados a realizar guardias fuera de su localidad de destino y en terrenos que no dominan, lo que aumentan los riesgos psicosociales y laborales propios de los incendios”.
El decreto que regula esos traslados está publicado en 2004 y modificado en 2007, “pero las condiciones sociales y del combustible en el monte han cambiado mucho desde entonces y, sobre todo, la plantilla de empleados públicos es ahora mucho más escasa”. Por ello, CSIF exige “la revisión integral del citado decreto”.
Este sindicato no entiende, por ejemplo, que se prescinda de la asignación de personal en las guardias en comarcas de nivel I (las más peligrosas), cuando la coordinación de los incendios cada vez resulta más compleja y necesita de más agentes, por la mayor frecuencia de grandes incendios forestales.
CSIF denuncia que la Junta “pretenda subsanar la falta de personal en situaciones de emergencia, de la que solo ella es responsable, reduciendo el número de efectivos de apoyo a los agentes en las comarcas de nivel I, y forzando su traslado para cubrir el déficit de efectivos de una comarca de nivel II (menos peligrosa).
Asimismo, en lo que respecta a las guardias fuera de la época de peligro alto (campaña de verano), CSIF advierte “que se están trasladando agentes a grandes distancias, debido a que se cubren varias comarcas de nivel I con un solo agente, cuando las condiciones atmosféricas hacen prever la ocurrencia de incendios”.
Otros colectivos afectados por los recortes de personal de la Junta en la lucha anti-incendios, además de los fijos-discontinuos (bomberos forestales) y los agentes medioambientales, son los celadores de Medio Ambiente, los ingenieros forestales y de montes, o los conductores que se dedican también a los incendios. “Todos ellos formarían parte del servicio esencia que supone la extinción de incendios forestales, según la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León. Lo triste es que la administración se acuerde de ella sólo en los momentos que peligran personas y sus bienes, pero no en el día a día del trabajo de prevención”.
